Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió transparencia en su administración y contestar las solicitudes de información en máximo 72 horas y sin reservas, su gobierno ha declarado inexistentes 42 mil 562 solicitudes de información de ciudadanos y otras 724 las ha clasificado como reservadas por motivos de seguridad nacional.
Datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obtenidos a través del portal Latinus evidencian que el gobierno de López Obrador no ha cumplido con su promesa de transparencia.
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2022, el gobierno de López Obrador declaró inexistentes 42 mil 562 solicitudes de información, de las cuales 22 mil 35 corresponden a información pública y el resto a solicitudes sobre datos personales.
Querían declarar inexistentes contratos a empresas ligadas a García Luna.
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El INAI ha tenido que corregirle la plana al gobierno federal. Por ejemplo, en diciembre de 2020, Latinus solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) copia de los contratos otorgados a las empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Aunque López Obrador reveló en una conferencia matutina algunos detalles de los contratos, la Secretaría declaró la inexistencia de la información al argumentar que la SSPC se creó en noviembre de 2018.
No obstante, la SSPC absorbió facultades y recursos materiales y humanos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, por lo que el INAI ordenó buscar la información. Los contratos sí existían y fueron entregados por la Secretaría días después de que los había negado.
Desaparecen contratos de despachos que representaron a México contra vendedores de armas de EU
En agosto de 2021, un ciudadano solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores copias de los contratos y facturas de servicios de consultoría jurídica, despachos de abogados o asesores legales pagados por la Cancillería.
La dependencia contestó con una lista de empresas y despachos contratados a partir de 2018, entre ellos dos firmas legales que representaron al Gobierno de México ante cortes y tribunales estadounidenses en contra de vendedores de armas de fuego.
Hilliard & Shadowen LLP y Brady Legal fueron los despachos contratados luego de que el gobierno de México presentó una demanda civil por daños y prácticas comerciales negligentes e ilícitas en contra de fabricantes de armas estadounidenses.
La Cancillería dio los nombres de las firmas legales, pero un año después, en otra solicitud de información, negó la existencia de esos documentos.
“Después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros correspondientes, no localizó información sobre lo solicitado, toda vez que no cuenta con contratos suscritos con Hilliard Shadowen LLP y Brady Legal en Estados Unidos”, respondió a la solicitud número 30026822002076.
El avión presidencial que no se renta para ir bodas ni XV años.
En marzo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el avión presidencial José María Morelos y Pavón sería rentado para vuelos privados por “si alguien se va a casar, ya lo pensó bien, y va a llevar a familiares, amigos (…) o 15 años, o cumpleaños, o una empresa que quiere dar un reconocimiento a sus trabajadores”.
Latinus solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuántos vuelos privados ha hecho el avión presidencial José María Morelos y Pavón a partir de la declaración del presidente, los requisitos para rentarlo, los servicios que incluye la renta y la normatividad que aplique para que una persona física o moral pueda adquirir el servicio.
“Después de realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos físicos y digitales de esta Secretaría, no se localizó evidencia documental que atienda su requerimiento”, contestó la Sedena, dependencia a cargo del avión presidencial.
El escudo de “Seguridad Nacional”.
Por otro lado, de acuerdo con información del INAI, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2022, hubo 724 solicitudes de información que fueron clasificadas por el gobierno federal como reservadas por motivos de seguridad nacional.
De esas 724 solicitudes, sólo se presentaron 103 quejas o recursos de revisión ante el INAI.
En 45 de los 103 casos recurridos, el INAI ordenó modificar la respuesta de los sujetos obligados al considerar que no son temas de seguridad nacional.
Durante el gobierno obradorista, tres sujetos obligados concentran 57% de las solicitudes de información clasificadas como reservadas por motivos de seguridad nacional: la Comisión Federal de Electricidad, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Salud.
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