Con una amplia mayoría, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general una reforma legal orientada a reforzar las capacidades del Estado mexicano para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, bajo protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos.
La iniciativa, enviada en marzo por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, contempla cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, avalados con 89 votos a favor y 13 en contra. En cuanto a las modificaciones a la Ley General de Población, el dictamen fue aprobado con 69 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones.
El proyecto busca articular los esfuerzos entre la federación y los estados para mejorar los mecanismos de búsqueda, fortalecer el marco institucional y normativo, y evitar la dispersión de información que obstaculiza las investigaciones.
Durante la discusión, el posicionamiento del grupo mayoritario fue defendido por la senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruíz, quien negó que las reformas vulneren derechos o representen un uso indebido de la información personal. Aseguró que los datos biométricos se utilizarán exclusivamente en procesos de búsqueda, y bajo estrictos protocolos.
Sin embargo, voces de la oposición expresaron su preocupación. La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN) respaldó el objetivo central de la reforma en materia de desaparición, pero rechazó las modificaciones a la Ley de Población, al considerar que comprometen derechos fundamentales como la protección de datos personales.
Por el PRI, Karla Guadalupe Toledo Zamora criticó que esta legislación sea un “pretexto” para ampliar la vigilancia estatal bajo el argumento de facilitar la identificación de personas. “Vamos a perder nuestra privacidad y nuestra libertad”, advirtió.
En contraste, Waldo Fernández González, del Partido Verde Ecologista, celebró que las reformas permitirán eliminar barreras tecnológicas y de comunicación entre instituciones. “Ya no habrá más autoridades que se escuden en la desconexión para no compartir información”, subrayó.
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Desde el PT, Ana Karen Hernández Aceves calificó la reforma como un punto de quiebre frente a un sistema negligente. “Ninguna ley devolverá de inmediato a quienes faltan, pero sí puede romper el ciclo de la impunidad”, afirmó.
Por su parte, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, reconoció los riesgos que implica la centralización de datos, pero también resaltó que “miles de personas buscadoras ven en este esfuerzo una oportunidad para encontrar a sus desaparecidos”, motivo por el cual su bancada votó a favor del proyecto.
La reforma ahora continuará su curso legislativo para su eventual entrada en vigor, en medio de un debate nacional que pone en el centro la tensión entre seguridad, justicia y garantías individuales.
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