La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN), Paulina Rubio Fernández, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar de manera inmediata las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros integrantes de Morena señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La legisladora, quien también se desempeña como secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que es indispensable actuar con rapidez para evitar que los recursos presuntamente ilícitos sean transferidos, ocultados o utilizados para mantener estructuras de protección e impunidad.
¿Por qué urge congelar las cuentas?
Rubio Fernández advirtió que el gobierno federal cuenta con todas las herramientas legales y operativas para proceder contra quienes sean investigados por presuntos nexos con grupos criminales. En ese sentido, subrayó que la intervención financiera debe realizarse antes de cualquier proceso de extradición o acción judicial internacional.
Según explicó, una acción tardía podría permitir que los recursos sean movidos a terceros o escondidos mediante redes familiares y de complicidad, dificultando así su rastreo y eventual aseguramiento.
Señalan riesgo de mantener redes de impunidad
La diputada panista afirmó que el congelamiento de cuentas es una medida clave para debilitar las estructuras financieras que, presuntamente, sostienen operaciones ilegales y redes de protección política.
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Además, insistió en que frenar el flujo de recursos evitaría que estas organizaciones mantengan capacidad de operación, financien actividades ilícitas o busquen influir en instituciones mediante corrupción.
Llamado a actuar contra la narcopolítica
Rubio Fernández hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que actúe con firmeza frente a cualquier indicio de infiltración del crimen organizado en la política nacional.
La legisladora señaló que México enfrenta una oportunidad decisiva para fortalecer sus instituciones, combatir la impunidad y garantizar que la ley se aplique sin distinción partidista. Subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y consolidar el Estado de derecho.
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