El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró el llamado del presidente Donald Trump para que México fortalezca las acciones contra el narcotráfico y evite una posible intervención directa de Washington en territorio mexicano.
Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el jefe del Pentágono afirmó que espera que el gobierno mexicano “dé un paso hacia adelante” en el combate a las organizaciones criminales, particularmente ante el crecimiento tecnológico de los cárteles y el uso de drones en operaciones vinculadas al tráfico de drogas.
Las declaraciones surgieron luego de que legisladores estadounidenses cuestionaran el alcance de las operaciones del crimen organizado cerca de la frontera y las recientes incursiones detectadas en territorio de Estados Unidos.
La postura endurece nuevamente el discurso de la administración republicana, luego de que Trump advirtiera la semana pasada en la Casa Blanca que, si México “no hace su trabajo”, Estados Unidos actuará por su cuenta contra los grupos criminales.
Pese al tono de advertencia, Hegseth reconoció que actualmente existe una “colaboración sin precedentes” entre ambos países en materia de seguridad. Además, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas mexicanas para mantener y reforzar la cooperación bilateral.
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Desde el regreso de Trump a la presidencia estadounidense, el combate al tráfico de fentanilo y al narcotráfico se convirtió en uno de los ejes prioritarios de su gobierno. Incluso, Washington clasificó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, aumentando la presión diplomática sobre México.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier posibilidad de intervención extranjera, insistiendo en que la soberanía nacional no está sujeta a negociación, aunque mantiene abiertos los canales de cooperación con el gobierno estadounidense.
La tensión política aumentó también tras las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto con otros funcionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
El gobierno mexicano aseguró que Washington ha solicitado acciones judiciales con fines de extradición, pero sostuvo que hasta el momento no se han presentado pruebas suficientes que acrediten responsabilidad penal.
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