El Senado de la República abrió el debate sobre la necesidad de regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la prevención y atención de crisis suicidas, ante el creciente impacto de las redes sociales y las nuevas tecnologías, particularmente entre los jóvenes.
Durante la ceremonia realizada el 9 de septiembre para iluminar de amarillo el recinto legislativo, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó la necesidad de establecer protocolos que permitan identificar señales de alerta y ofrecer respuestas oportunas y seguras.
Virgilio Serrano Vera, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Comercio Italiana en México, planteó que la IA puede convertirse en una herramienta relevante para la prevención, debido a su disponibilidad permanente y capacidad para establecer un primer contacto con personas que atraviesan una crisis. Sin embargo, advirtió que su utilización sin una regulación adecuada también puede incrementar los riesgos.
Serrano Vera señaló que una revisión científica realizada en 2026 evaluó a 29 asistentes conversacionales y ninguno cumplió con los criterios de una respuesta adecuada ante una crisis suicida. A su juicio, la diferencia entre que la tecnología contribuya a salvar una vida o genere un daño radica en la supervisión clínica, la conexión con servicios de crisis y la existencia de estándares verificables.
Ante este escenario, propuso cinco principios para legislar sobre la materia. El primero consiste en establecer el deber de proporcionar una respuesta segura en todos los casos, de modo que los sistemas capaces de detectar riesgos activen protocolos basados en evidencia y canalicen a las personas hacia líneas de crisis, sin proporcionar información o contenidos que puedan resultar dañinos.
También planteó incorporar la seguridad desde el diseño de los sistemas, establecer responsabilidad algorítmica para evitar la amplificación de contenidos relacionados con autolesiones y garantizar supervisión humana y validación clínica cuando una herramienta intervenga en la atención de una crisis.
La propuesta incluye además una protección reforzada para menores de edad y privacidad desde el diseño, con la prohibición de utilizar los datos obtenidos durante estos procesos con fines comerciales o punitivos. A ello sumó la necesidad de armonizar la legislación mexicana con la Ley Europea de Inteligencia Artificial.
El representante de la Cámara de Comercio Italiana en México subrayó que la prevención enfrenta un desafío adicional debido al carácter frecuentemente impulsivo de las conductas suicidas. De acuerdo con los datos expuestos durante el encuentro, siete de cada 10 casos no habían sido planeados una hora antes, mientras que el uso extendido de teléfonos móviles y redes sociales ha acelerado la exposición de los jóvenes a nuevos factores de riesgo.
Según cifras del INEGI citadas durante el encuentro, en 2025 se registraron ocho mil 709 fallecimientos por suicidio, equivalentes a una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, la más alta de la última década.
Los jóvenes de entre 15 y 29 años concentran 38.1 por ciento de los casos, por lo que el suicidio constituye ya la tercera causa de muerte en ese grupo de población. Serrano Vera añadió que por cada fallecimiento existen al menos 20 intentos, una dimensión que, además de representar un desafío sanitario, tiene consecuencias profundas para las familias.
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Ante estas cifras, José Manuel Cruz Castellanos agradeció las propuestas presentadas por Serrano Vera y anunció su intención de incorporarlas a una iniciativa legislativa. El senador sostuvo que la prevención requiere una transformación de la estrategia de salud mental y una mayor capacidad para fortalecer decisiones positivas entre quienes se encuentran en riesgo.
Cruz Castellanos llamó a colocar la atención humana en el centro de la respuesta institucional, al considerar que una mano amiga o unas palabras de aliento pueden representar una diferencia decisiva frente a una crisis.
El planteamiento coloca así a la regulación de la IA ante un nuevo desafío de política pública: aprovechar sus capacidades como herramienta de prevención sin delegar en sistemas automatizados decisiones que requieren supervisión profesional, criterios clínicos y una respuesta institucional coordinada.
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