Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump entregar, en un plazo de 14 días y bajo reserva judicial, el documento que sustenta legalmente los ataques militares contra embarcaciones señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico en aguas del Caribe y el océano Pacífico.
La resolución fue emitida por Paul Engelmayer, magistrado del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien solicitó el memorando elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia estadounidense. El documento analiza las facultades del presidente para ordenar operaciones letales con drones contra embarcaciones sospechosas.
El requerimiento judicial busca esclarecer los fundamentos jurídicos que la administración Trump utilizó para autorizar estas acciones militares, iniciadas oficialmente por el Departamento de Defensa en septiembre del año pasado.
Además de exigir la entrega del memorando, el juez pidió al Gobierno informar quiénes han tenido acceso al documento, en qué fechas lo consultaron y cuáles fueron los motivos para permitirles conocer su contenido.
La administración también deberá proporcionar una base de datos completa que permita identificar a las personas con acceso al material y las razones que justificaron esa autorización.
La orden se produce en el marco de una disputa legal promovida por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que buscan conocer los argumentos jurídicos detrás de los ataques militares y determinar bajo qué criterios se autorizaron.
Entre las agrupaciones demandantes se encuentran el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su filial de Nueva York (NYCLU).
Las organizaciones acudieron a los tribunales después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud de información presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA por sus siglas en inglés.
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Con esta resolución, el magistrado busca que la administración federal entregue información clave para el análisis judicial de las facultades presidenciales en operaciones militares letales. La entrega del memorando se realizará de manera confidencial ante el juez, por lo que la orden no implica, por ahora, que el documento vaya a hacerse público.
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