El Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) obtuvo la calificación crediticia AA+ con perspectiva estable, otorgada por la agencia internacional Fitch Ratings, mientras que sus financiamientos recibieron la evaluación AAA(mex)vra. Ambos resultados reconocen, de acuerdo con las autoridades estatales, la capacidad financiera del organismo y su aptitud para cumplir con sus obligaciones.
Las evaluaciones se presentan como un indicador del manejo financiero del instituto durante la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como de la continuidad de sus operaciones y la gestión de los recursos públicos vinculados con los servicios registrales.

Jesús George Zamora, consejero jurídico del Gobierno del Estado de México, señaló que las calificaciones reflejan el saneamiento financiero y la conducción administrativa del IFREM. Destacó que estos factores contribuyen a mantener la operación del organismo, cuya función está relacionada con el registro y la certeza jurídica sobre el patrimonio de las y los mexiquenses.
Por su parte, David Silva Miranda, director general del instituto, afirmó que el reconocimiento respalda la importancia de mantener finanzas sanas y una administración basada en la transparencia, la legalidad y la honestidad en la prestación de los servicios.
El IFREM desempeña una función relevante en la seguridad jurídica patrimonial, al gestionar actos y documentos relacionados con la propiedad y otros derechos registrales. Por ello, su capacidad operativa y financiera constituye un componente de la continuidad de los trámites y servicios que brinda a la ciudadanía.


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La obtención de estas calificaciones coloca el manejo financiero del organismo bajo un indicador externo de evaluación. No obstante, su alcance debe distinguirse de otros aspectos del desempeño institucional, como la calidad de la atención, los tiempos de respuesta, la accesibilidad de los trámites y la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas.
El Gobierno del Estado de México sostiene que estos resultados forman parte de su estrategia para fortalecer las instituciones públicas mediante la responsabilidad financiera y el combate a la corrupción. El desafío será mantener esas condiciones y traducirlas en servicios registrales eficientes, confiables y accesibles para la población.

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