La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que identifica presuntos vínculos entre un grupo de empresas proveedoras de material electoral, relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, y una red de contratación que habría operado durante casi cuatro décadas en distintos organismos electorales del país.
Durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, Sheinbaum Pardo sostuvo que las indagatorias apuntan a una estructura empresarial que habría consolidado su presencia en el mercado de suministros electorales desde finales de los años ochenta y que incrementó su participación durante la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 2014 y 2023.
Sheinbaum señaló que el objetivo central debe ser esclarecer los mecanismos mediante los cuales se asignaron los contratos, transparentar las adquisiciones de material electoral y determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles conductas delictivas. Subrayó que las investigaciones deben alcanzar a todas las personas que pudieran haber participado, sin limitarse a las actuales autoridades electorales.
Claudia Sheinbaum también anunció que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, mediante una mayor participación de dependencias federales, instituciones académicas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esta última en calidad de observadora dentro de su Consejo de Administración.
La propuesta contempla que esta empresa del Estado participe en la fabricación de material electoral, mientras que otros insumos puedan adquirirse mediante proveedores mexicanos, con el propósito de fortalecer la producción nacional y establecer mayores mecanismos de vigilancia sobre las contrataciones.
Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, expuso los resultados de una investigación documental basada en fuentes abiertas, cuyo propósito fue reconstruir la trayectoria de las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y su participación en las contrataciones de organismos electorales.
De acuerdo con la funcionaria, los antecedentes se remontan a 1983, cuando los hermanos trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), adscrito a la Secretaría de Gobernación. Durante ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñaba como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general de dicha institución y posteriormente vinculado con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
En 1987, Raymundo Hernández Casillas ocupó un puesto en el área de Recursos Financieros y Materiales, mientras que un año después se constituyó la empresa Cartonera Plástica. En 1989, tras la incorporación de Padilla Aguilar a la Secretaría General del CISEN, José Alfredo Hernández Casillas continuó como su secretario particular y Raymundo se integró al área de Investigaciones.
Buenrostro recordó que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la organización de las elecciones federales permanecía bajo el control de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Fernando Gutiérrez Barrios, mientras que Jorge Carrillo Olea dirigía el CISEN.
La investigación también documentó que en 1992 se constituyó Formas Finas Fernando Fernández, empresa relacionada con Raymundo Francisco Hernández Casillas. Siete años después, Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora de material electoral en el Estado de México.
En 2005, esta última obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México. La funcionaria recordó que en ese periodo se presentaron denuncias por presuntas irregularidades y posibles sobornos, situación que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
El crecimiento empresarial se extendió entre 2012 y 2013, cuando los hermanos diversificaron sus compañías y ampliaron sus relaciones contractuales con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Uno de los periodos centrales de la investigación corresponde a la reforma electoral de 2014, mediante la cual el Consejo General del INE asumió la facultad de designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Según los datos presentados por Buenrostro, entre 2015 y 2023, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, 23 de los 32 OPLEs otorgaron contratos por un monto acumulado de 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
La secretaria agregó que, después de la designación de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE en 2023, las empresas relacionadas con esta red obtuvieron contratos adicionales por 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025, mediante 15 de los 32 organismos electorales locales.
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Otro elemento expuesto fue la coincidencia de antiguos funcionarios y exintegrantes de autoridades electorales en el partido político SOMOS. Entre los nombres mencionados figuran Juan Carlos Padilla Aguilar, Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, quienes, de acuerdo con la exposición oficial, mantienen distintos vínculos con esa organización política.
La funcionaria precisó que las responsabilidades deberán determinarse mediante las instancias competentes. Explicó que, al tratarse de un organismo autónomo, el INE cuenta con mecanismos propios de control y supervisión, mientras que corresponde a la ASF revisar posibles irregularidades, establecer las responsabilidades administrativas que procedan y, en su caso, presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En este contexto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno analiza mecanismos preventivos para evitar que esquemas similares puedan reproducirse en la Administración Pública Federal.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio los procedimientos de contratación de insumos electorales y plantea la necesidad de revisar la transparencia, competencia y vigilancia en el uso de recursos públicos destinados a la organización de los comicios. No obstante, las relaciones empresariales y los montos contractuales expuestos constituyen elementos de una investigación que deberán ser contrastados por las autoridades fiscalizadoras y ministeriales para determinar si existieron responsabilidades legales.
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