El Gobierno de México puso en marcha un plan de fortalecimiento de Talleres Gráficos de México (TGM), con el propósito de consolidarlo como un organismo público descentralizado con mayor capacidad de producción, transparencia y vigilancia en la elaboración de materiales electorales, documentos de seguridad e impresos oficiales de la Administración Pública Federal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó durante la conferencia matutina «Las mañaneras del pueblo» el decreto que será publicado este 18 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La estrategia plantea reducir la dependencia de proveedores privados, optimizar el gasto público y establecer mecanismos de control sobre las adquisiciones y los procesos de producción dentro de Talleres Gráficos.
Entre los objetivos centrales se encuentran convertir a TGM en la imprenta de referencia del Gobierno federal, homologar formatos, actas, títulos y gacetas, así como ofrecer un esquema de colaboración con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para producir documentación y materiales bajo especificaciones comunes.
Rodríguez Velázquez destacó también la creación de un almacén nacional que permita recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros insumos entre procesos electorales. Esta medida, explicó, contribuirá tanto a generar ahorros como a disminuir el impacto ambiental. A ello se sumará un catálogo único de materiales para los OPLE, con especificaciones técnicas y precios homologados en todo el país.
La dimensión del proyecto responde a la capacidad productiva que ya tiene la institución. De acuerdo con la secretaria, Talleres Gráficos produjo 317 millones de boletas electorales en 2024 y 602 millones en 2025, además del líquido indeleble desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde 1994.
Sin embargo, la participación de proveedores privados continúa siendo significativa en el ámbito local. Durante 2024, 19 de los 32 OPLE, equivalentes al 59 por ciento, no imprimieron sus boletas en TGM y recurrieron a licitaciones o adjudicaciones directas. Para el Gobierno federal, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad pública y establecer condiciones más uniformes en la contratación y producción de materiales electorales.

Dos fases para transformar la institución
El decreto establece una transformación estructural dividida en dos etapas. La primera comprenderá de noviembre de 2026 a junio de 2027 y se concentrará en fortalecer la gobernanza, transparentar las contrataciones y ampliar los mecanismos de supervisión.
Uno de los cambios será la reestructuración de la Junta de Gobierno, que pasará de cinco a siete integrantes. Estará presidida por la Secretaría de Gobernación e incorporará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, además de tres consejeros independientes.
En esta nueva etapa, Viridiana Gabriela Yáñez Rivas asumirá la dirección general de Talleres Gráficos de México. La funcionaria cuenta con un doctorado en Políticas Públicas y una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; desde diciembre de 2025 se desempeñaba como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos de la institución.
La Junta también integrará a Ángel Eustorgio Rivera González, del Instituto Politécnico Nacional; Raúl Juan Contreras Bustamante, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey, quienes aportarán experiencia en administración, derecho, sistemas de calidad y gestión pública.
En materia de transparencia, se establecerá un padrón público de contratistas y proveedores que evaluará sus capacidades técnicas, materiales, operativas, administrativas y financieras. Asimismo, se habilitará un registro de datos abiertos sobre contratos, convenios, órdenes de producción y procesos de ejecución.
El esquema contempla solicitar anualmente una auditoría voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y prohíbe contratar empresas sancionadas, observadas por ese órgano fiscalizador o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio. También quedarán excluidas las compañías que enfrenten impedimentos legales o no acrediten las capacidades necesarias.
Otro mecanismo de control establece que quien ocupe la Dirección General no deberá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de material electoral durante los cinco años anteriores a su nombramiento. Además, los precios para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLE serán homologados y autorizados por la Junta de Gobierno.
Hacia una Imprenta Nacional de México
La segunda fase, prevista de julio de 2027 a 2030, contempla una transformación de mayor alcance mediante la formulación de la Ley de la Imprenta Nacional de México, que establecerá un mandato exclusivo para la producción de documentación y materiales electorales, así como documentos de seguridad.
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También se prevé reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con el propósito de que la documentación y los materiales electorales sean elaborados por entes públicos, bajo las especificaciones y los controles de calidad que determine el INE.
Esta etapa incluirá la modernización de infraestructura y equipamiento, la consolidación de compras mediante un catálogo único y la operación del almacén nacional para rehabilitar y reutilizar materiales entre elecciones. Asimismo, se proyecta poner en funcionamiento una planta propia de producción entre 2028 y 2030.
El calendario establece que durante noviembre de 2026 se formalizará el decreto, se gestionará la aportación de capital contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 y se concretarán convenios con los OPLE que tengan pendientes sus procedimientos de adjudicación.
Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 deberán emitirse el Estatuto Orgánico, el padrón de proveedores y el programa de inversión. Posteriormente, durante 2027, se avanzará en la publicación de información sobre producción en formatos abiertos, las iniciativas legislativas y la presentación de un informe público sobre los ahorros alcanzados y los resultados de las auditorías.
La reforma busca modificar el modelo de producción de documentación electoral en México, al colocar la capacidad institucional del Estado, la supervisión pública y la homologación de costos como ejes de una estrategia que pretende reducir la intermediación privada y fortalecer la infraestructura pública de cara a los próximos procesos electorales.

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