Para empezar, los opositores recuerdan que desde la discusión inicial advirtieron el peligro de someter al Poder Judicial al voto popular “sin filtros robustos”.
Marko Cortés, coordinador del PAN, subrayó que la autonomía judicial “ya se perdió” al subordinarla al Ejecutivo y “entregarla al crimen organizado”.

Por su parte, del mismo modo, Clemente Castañeda (MC) calificó de “absoluto desastre” el método de selección. Según el senador, la revelación de que al menos 20 aspirantes litigaron para narcotraficantes confirma la falla de origen: “¿Quién colocó esas candidaturas y por qué nadie lo advirtió a tiempo?”, cuestionó.
Ejemplos que encienden la alarma.
A continuación, Ricardo Anaya (PAN) detalló nombres:
- El abogado de Miguel Treviño Morales, exlíder de Los Zetas.
- Un exjuez penal destituido por abuso sexual.
- Job Daniel Wong Ibarra, ministro de culto de La Luz del Mundo.
“Estamos ante una narco‑elección porque hay aspirantes directamente vinculados con delincuentes”, sentenció.
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Riesgos para el 1º de junio
Asimismo, Rolando Zapata (PRI) agregó que existen “territorios controlados” por el crimen organizado, algo que —recordó— incluso la Casa Blanca cita en su política comercial. Por consiguiente, sostuvo, el interés del narco en capturar juzgadores “es de sentido común”.

¿Qué sigue?
Mientras tanto, Morena busca depurar la lista final antes de la votación popular. Sin embargo, para la oposición, en última instancia el daño ya está hecho: el proceso quedó “manchado” y la confianza ciudadana, comprometida.
En los próximos días, el Senado deberá decidir si corrige el mecanismo de evaluación o mantiene la ruta original; de lo contrario, probablemente el tema escalará a la Suprema Corte o, incluso, a observadores internacionales.
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