El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al presidente Andrés Manuel López Obrador a dar de inmediato con el paradero de las familias que aún permanecen secuestradas en Sinaloa y atender la inseguridad, la violencia y los ataques a la población civil en todo el país.
“Es hora de discutir seriamente un urgente llamado a la colaboración internacional para combatir a los cárteles de la droga y grupos de la delincuencia organizada, con todas sus consecuencias jurídicas y penales”, señaló.
El líder panista puntualizó que el gobierno de López Obrador es un “gobierno fallido” por su propia voluntad y el empoderamiento del narco es consecuencia de la política de abrazos a los grupos criminales.
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“Desde el primer día, este gobierno extendió una amnistía de facto a los cárteles de la droga. Asimismo, López Obrador mantuvo relaciones cercanas como lo demuestran sus visitas a Badiraguato y su instrucción a tres secretarios de Estado para ayudar en sus trámites migratorios a la mamá de El Chapo”, expuso.
El dirigente Nacional detalló que México cumple todas las condiciones de un Estado fallido: el gobierno demuestra falta de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y tal vez incluso de la destrucción. La declaración del gobernador morenista de Sinaloa encaja en este cuadro.
“La expansión territorial, el fortalecimiento armado y la internacionalización de los cárteles mexicanos fue favorecida por la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador. Prácticamente no hay estado del país sin presencia del crimen organizado. Los cárteles dominan regiones donde colocan retenes y sólo dejan pasar al ejército electoral de López Obrador, como él mismo ha confesado”, sostuvo.
Además de sus actividades tradicionales como el tráfico de drogas, la extorsión y la trata de personas, los cárteles ahora engañan y estafan adultos mayores en venta de casas y terrenos e incluso extorsionan a organizaciones dedicadas a ayudar a los demás, dijo.
Ante la complacencia del gobierno, los cárteles del narcotráfico están imponiendo un régimen de terror en muchas zonas del país. En muchas regiones no hay más ley que la ley de los narcos, manifestó.
El presidente nacional del PAN aseguró que todas estas concesiones al crimen organizado se acabarán en el gobierno de Xóchitl Gálvez, quien sí combatirá con estrategia y diversas herramientas, a los cárteles que tanto daño le han hecho a este país.
Entre las propuestas para combatir a la delincuencia de nuestra candidata presidencial y la coalición están actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, no tener ninguna concesión ni cortesía al crimen, recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas, al sacar a soldados y marinos de tareas civiles, contar con una Policía Federal civil con poder para vencer al crimen.
Se fundará la Universidad Nacional para la Seguridad. Todos los policías, en un término de seis años, tendrán una formación homologada, también se va a duplicar el número de policías en los estados y municipios de alto riesgo; el proceso partirá de elementos certificados y con una formación homologada.
Se brindará un salario profesional para policías; escalafón nacional único y evaluable; y sistema pensionario homologado.
Además, se garantizarán los recursos para crédito a la vivienda, seguros de vida, seguros de gastos médicos y becas para sus hijos. Las policías serán tratadas con la dignidad y el respeto de quienes garantizan la seguridad y la paz de nuestras comunidades.
Se va a construir un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, analicen, aprueben y evalúen las estrategias. Vamos a propiciar la colaboración entre la federación, estados, municipios y las organizaciones de sociedad civil. No más abandono a la obligación de enfrentar al crimen.
Y se va a recuperar los recursos del Fortaseg y del Fortamun para apoyar a los estados y municipios en el mejoramiento, las cárceles ya no serán las escuelas de los delincuentes, se definirá la lista de los delincuentes más peligrosos y de los generadores de violencia para llevarlos a la cárcel en los primeros dos años de gobierno, entre muchas otras propuestas, finalizó.
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