Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, presididas por la senadora Olga Sánchez Cordero y el senador Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron un proyecto de ley que amplía la facultad del Ejecutivo Federal para brindar amnistía de manera directa a individuos que proporcionen elementos comprobables útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado.
La propuesta, que modifica el artículo 9 de la Ley de Amnistía, extiende la posibilidad de otorgar amnistía a personas que estén siendo procesadas, hayan sido sentenciadas o contra las que se haya ejercido acción penal por cualquier delito.
El proyecto, respaldado con 18 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, establece que en los casos contemplados, la amnistía extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas.
La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, afirmó que el objetivo fundamental del proyecto es buscar la verdad, implementar la justicia transicional y facilitar la reparación del daño a las víctimas y sus familias.
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La senadora Lucía Trasviña Waldenrath, de Morena, expresó que la iniciativa contribuirá a descubrir verdades históricas y promover la justicia social, especialmente en casos donde los testimonios fueron obtenidos bajo tortura.
Sin embargo, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, argumentó que la reforma otorgaría un poder desproporcionado al Ejecutivo Federal al permitirle perdonar delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, secuestro o narcotráfico.
Por otro lado, las Comisiones también aprobaron un proyecto que reforma los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, limitando la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales otorguen suspensión provisional y definitiva con efectos generales en juicios de amparo contra leyes emitidas por el Congreso.
El senador Espino de la Peña señaló que esta medida busca corregir abusos en las suspensiones provisionales y evitar que el Poder Judicial invalide de manera general reformas aprobadas por el Legislativo.
Estas decisiones legislativas han generado un intenso debate entre los senadores, reflejando preocupaciones sobre el equilibrio de poderes y la protección de los derechos fundamentales en el país.
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