En México, las legislaturas de todo el país avanzan para combatir la “violencia vicaria”, que es aquella que se ejerce sobre los hijos con la intención de causarles un daño físico o psicológico y afectar, principalmente, a la madre, delito ejecutado por su pareja o ex pareja.
En la República Mexicana, diputados de todos los partidos políticos coinciden en impulsar la ley en sus congresos, que tipifica este tipo de conductas, como fue el caso del de Guerrero que aprobó reformas y adiciones a los Códigos Civil y Penal del Estado y a las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Prevención y Atención de la Violencia Familiar.
La diputada local guerrerense por la capital Chilpancingo, Jessica Rayo, consideró que la penalización de este delito -que en el caso de Guerrero se castiga de cuatro a ocho años de prisión-, debe avanzar en los demás estados, ya que apenas ha sido aprobada en la Ciudad de México, Morelos, Yucatán, Campeche, Estado de México, Hidalgo y Zacatecas.
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Explicó que este tipo de violencia es toda acción u omisión intencional que ocasione daño físico o psicológico en contra de las hijas o hijos, o a cualquier otra persona con la que se tenga un lazo familiar o afectivo, con la finalidad de utilizarlas como instrumento para dañar a la mujer.
Puede ser cometido por la persona con quien la mujer mantenga o haya mantenido una relación de pareja, parentesco por consanguinidad o afinidad, o derivada de una relación de concubinato, noviazgo, matrimonio o de hecho, con o sin convivencia, agregó la legisladora Jessica Rayo.
De acuerdo con cifras del Frente Nacional Contra la violencia (FNVV), en los casos de violencia vicaria, el 88% de los agresores amenazan a la mamá con hacerle daño a través de sus hijos, el 90% de las mujeres tiene denuncias falsas y en el 80% existe un deudor alimentario.
La diputada de Morena por Chilpancingo, Jessica Rayo, que promovió en su estado la “Ley Vicaria”, mencionó que la encuesta revela también que en 9 de cada 10 casos de “violencia vicaria”, los agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales de manera ilegal, principalmente con tráfico de influencias, recursos económicos y sobornos.
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