- Tras denuncias vecinales y revisiones oficiales, autoridades capitalinas advierten riesgos sanitarios, sociales y ambientales por omisiones en proyectos inmobiliarios.
En respuesta a denuncias ciudadanas y notas periodísticas recientes, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Impacto Único, informó sobre una serie de irregularidades detectadas en proyectos desarrollados por la empresa Be Grand, entre ellos el denominado Downtown Insurgentes 700.
Coordinada por la Dirección General de Metrópolis e integrada por dependencias clave como SEGIAGUA, SEMOVI, SGIRyPC y SEDEMA, la Comisión realizó inspecciones al citado inmueble los días 12 y 28 de marzo, tras reportes vecinales por una fuga de aguas residuales. Las visitas revelaron la ausencia de un sistema funcional y normativamente adecuado para la captación y aprovechamiento de agua pluvial, así como un sistema de reúso de aguas residuales operando de forma parcial y sin contar con las autorizaciones mínimas requeridas.
A partir de estos hallazgos, la Comisión amplió su revisión a otros ocho desarrollos de Be Grand en la capital, encontrando que ninguno presenta avances en las medidas impuestas para mitigar los impactos urbanos y ambientales. Asimismo, se detectó que muchas de las viviendas ya están habitadas sin que se hayan cumplido las obras obligatorias para obtener los permisos correspondientes de las autoridades competentes.
Además, se identificó una práctica recurrente por parte de la empresa de promover recursos judiciales para evitar cumplir con sus obligaciones legales, lo que ha obstaculizado la supervisión y regulación por parte de las autoridades.
La Comisión advierte que estas omisiones de Be Grand podrían acarrear consecuencias graves: desde daños al medio ambiente y riesgos sanitarios, hasta impactos negativos en la vida comunitaria, la movilidad urbana y el acceso a servicios básicos, lo cual vulnera derechos fundamentales de las y los habitantes de las zonas afectadas.
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En un comunicado dirigido a la ciudadanía, las instituciones integrantes de la Comisión subrayaron que las empresas desarrolladoras están obligadas a respetar los derechos humanos, conforme a los principios rectores de la ONU. Por ello, hicieron un llamado urgente a las inmobiliarias que operan en la Ciudad de México a cumplir cabalmente con sus compromisos legales y colaborar con las autoridades en la construcción de una ciudad más justa, sustentable y equitativa.
La Comisión aseguró que continuará con el seguimiento puntual de este caso y de otros que registren incumplimientos similares, en defensa del desarrollo urbano ordenado, sostenible y respetuoso del entorno y los derechos ciudadanos.
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