Picotazo Político / Redacción
A menos de dos meses de la histórica elección del 1 de junio, las campañas judiciales en México están envueltas en una creciente polémica. De acuerdo con el grupo Defensorxs, al menos 13 candidatos a jueces y magistrados tienen presuntos vínculos con el crimen organizado, abusos de poder, negligencia institucional e incluso asesinatos.
En el portal Justicia en la Mira, se documentan casos alarmantes como el de Silvia Rocío Delgado, candidata a jueza penal en Chihuahua y exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Según la ONG, Delgado fue parte clave del equipo legal del narcotraficante, actuando como su enlace directo para temas de amparos y estrategias legales desde 2016.
Otro caso preocupante es el de Francisco Herrera Franco, aspirante a juez penal federal en Michoacán, apodado “el fiscal del terror” por organizaciones civiles debido a su presunta complicidad con grupos criminales durante su gestión (2020-2022).
Además, se le vincula con el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares.
La controversia escaló cuando Nicollino Cangiamilla, exdirector del sistema penitenciario de Sonora y hoy candidato a magistrado, denunció al colectivo Ni Una Más Hermosillo, que lo acusa de omisiones en el caso de Paula Josette, joven que falleció en una visita conyugal irregular en 2024.
El INE fue señalado por permitir su candidatura, a pesar de que hay exfuncionarios detenidos y un peritaje que reveló signos de violencia.
Organizaciones como Ni Una Más y familiares de víctimas han exigido al Instituto Nacional Electoral (INE) que investigue a fondo los perfiles de los aspirantes antes de avalar sus candidaturas.
La madre de Paula Josette calificó como “una burla” que personajes con historial de negligencia y violencia puedan contender por cargos clave en el sistema de justicia.
Más de 20 organizaciones se han sumado al reclamo, alertando que en estas elecciones “la justicia está en riesgo”.
El 1 de junio, casi 100 millones de mexicanos podrán elegir 881 cargos del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia, gracias a una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023.
Sin embargo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum promete que México será “el país más democrático del mundo”, crece la preocupación por una posible injerencia del Ejecutivo y el crimen organizado en el sistema judicial.
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