La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha firmado un paquete de leyes secundarias que marcan un giro trascendental en la política energética de México. Estas reformas revierten la reforma energética de 2013 promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto y consolidan el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresas públicas del Estado, bajo el principio de la Austeridad Republicana.
En una conferencia matutina, Sheinbaum destacó que estas leyes son un paso clave para recuperar el sentido público de CFE y Pemex, garantizando el acceso a la energía para todos los mexicanos y fortaleciendo la soberanía nacional. “Es una reversión de la reforma de 2013, cuyo objetivo era privatizar. Ahora, recuperamos el papel de las empresas públicas como garantes de la provisión de energía y la soberanía de nuestro país”, expresó la mandataria.
Este conjunto de reformas incluye seis leyes fundamentales: la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; y la Ley de la Comisión Nacional de Energía, con la inclusión de varias leyes adicionales para fortalecer el marco normativo del sector.
La reforma energética presentada se enfoca en garantizar un futuro energético viable, con el objetivo de que México cuente con una mayor disponibilidad de energía y sistemas de financiamiento público para la participación del sector privado, siempre bajo principios de justicia social y soberanía.
Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía, explicó que estas reformas permitirán a México contar con un sector energético más fuerte, confiable y sustentable, con un enfoque prioritario en la justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía.
En cuanto a las implicaciones económicas, el Plan de Inversiones de CFE para los próximos años proyecta una inversión de 23,400 millones de dólares hasta 2030, con énfasis en la generación, transmisión y distribución de electricidad. Este plan garantizará que México tenga suficiente energía para su desarrollo, al tiempo que fortalece el papel de las empresas públicas como pilares de la soberanía energética del país.
El paquete de reformas también introduce cambios estructurales importantes, como la desaparición de las subsidiarias en Pemex y CFE, lo que permitirá una mayor integración horizontal y vertical de las empresas. Además, se establece un régimen fiscal especial y lineamientos claros para el manejo de su presupuesto y deuda.
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Con esta reforma, Sheinbaum y su equipo buscan cimentar un México más independiente y autosuficiente en términos energéticos, poniendo a las empresas públicas del Estado como actores fundamentales para el bienestar del pueblo y la soberanía nacional.
Este giro histórico en la política energética de México reafirma el compromiso de la actual administración con una justicia energética real, para asegurar que todos los mexicanos tengan acceso a energía suficiente y a precios accesibles, contribuyendo al desarrollo del país y la equidad social.
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