El Congreso local aprobó el dictamen de la iniciativa presentada por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, que modifica la Ley de Cultura Cívica y el Código Penal de la Ciudad de México, con el objetivo de reforzar las sanciones por la violación de sellos de clausura o suspensión de actividades en construcciones y establecimientos mercantiles.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA), al presentar la propuesta en tribuna, destacó que la reforma tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de la población y fortalecer los procedimientos administrativos de verificación y sanción. Señaló que es necesario asegurar que las sanciones no se limiten solo a los trabajadores de los negocios clausurados, sino también a los propietarios, responsables o representantes que se beneficien directamente de la reanudación ilícita de actividades, endureciendo las penas en estos casos.
El dictamen, aprobado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, contempla una modificación al artículo 286 del Código Penal local. Este cambio amplía las características del sujeto activo que puede incurrir en el delito de retiro o violación de sellos, y eleva la gravedad del delito, pasando a ser considerado un delito grave. También se incrementa la pena de prisión en una cuarta parte para aquellos que reincidan en la violación de sellos o desacaten las órdenes de suspensión.
En cuanto a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se adiciona una fracción al artículo 28 y se modifica el artículo 32, para sancionar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública sin los permisos correspondientes, con el fin de desincentivar esta práctica y evitar conflictos sociales en las áreas donde se llevan a cabo estas actividades.
Durante el debate, el diputado Royfid Torres González (MC) apoyó la regulación de los negocios conocidos como “chelerías”, considerando que es una medida necesaria para combatir la venta ilegal de alcohol. Aunque se mostró favorable a las modificaciones, insistió en la necesidad de detallar los conceptos para evitar casos de corrupción en la aplicación de las sanciones.
Por su parte, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) agradeció los consensos alcanzados entre los integrantes de ambas comisiones, subrayando la importancia de proteger el derecho de la ciudadanía a una buena administración pública y evitar la violación de los sellos de clausura.
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Finalmente, el diputado Fernando Zárate Salgado (MORENA) presentó una reserva al artículo 286 del Código Penal local, para incluir en el texto sanciones a quienes “alteren, destruyan o desaparezcan” los sellos de clausura impuestos por la autoridad competente, así como aquellos que infrinjan medidas de seguridad o aseguramiento.
Con estas reformas, el Congreso busca reforzar la efectividad de los procedimientos administrativos y garantizar que las sanciones sean un verdadero disuasivo para quienes intenten burlar las normativas vigentes en materia de clausura y suspensión de actividades comerciales y de construcción.
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