La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha expresado su preocupación por la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que busca ampliar el catálogo de delitos sujetos a Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). La iniciativa, presentada el 5 de febrero de 2024 como parte de las reformas impulsadas por el Presidente de la República, fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto del mismo año.
Entre los cambios aprobados, se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión al catálogo de delitos que ameritan la PPO. Además, la reforma incorpora una reserva impulsada por el Diputado Leonel Godoy, la cual aplica la norma de manera literal, limitando la posibilidad de que los jueces consideren medidas cautelares alternativas o mecanismos de defensa.
COPARMEX considera que esta reforma representa un retroceso en la protección de los derechos humanos en México. En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano eliminar la PPO, argumentando que su aplicación generalizada vulnera los derechos fundamentales y contraviene el principio de presunción de inocencia. En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a PPO contradice las recomendaciones internacionales y afecta el debido proceso legal.
Uno de los principales puntos de alerta para COPARMEX es la inclusión de delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de la PPO. La confederación advierte que la aplicación literal de la norma podría ser utilizada de manera desproporcionada, afectando injustamente a empresarios y ciudadanos que enfrenten acusaciones sin el beneficio de una evaluación individualizada por parte del juez.
La organización empresarial también señala que esta reforma limitaría gravemente el derecho de defensa de los acusados, restringiendo el acceso al Juicio de Amparo y disminuyendo la capacidad de los jueces y ministerios públicos para evaluar otras medidas cautelares. De esta forma, se corre el riesgo de que la PPO se utilice como herramienta política en lugar de ser un mecanismo excepcional para casos específicos.
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COPARMEX hace un llamado a las autoridades a reconsiderar la propuesta y buscar alternativas que garanticen el respeto a los derechos fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia. La confederación ha anunciado que convocará a expertos en derecho penal y constitucional para realizar un análisis profundo del impacto de esta reforma, cuyos resultados serán presentados al Senado de la República para su consideración antes de la discusión en el Pleno.
Con este llamado, COPARMEX reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la protección de los principios democráticos en el país.
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