En una medida sin precedentes, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, anunció la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de la Reforma al Código Penal, la cual tipifica la corrupción inmobiliaria como un delito. Esta reforma, que establece el artículo 276 Quater, tiene como objetivo combatir la corrupción en el ámbito de la construcción y el desarrollo urbano.
En el marco de un evento realizado en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres Guadarrama explicó que esta medida busca sancionar a los servidores públicos que permitan o toleren la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Esta práctica, conocida como corrupción inmobiliaria, ha tenido graves consecuencias para la ciudad y sus habitantes.
“Cuando se permite la construcción masiva de niveles extraordinarios no autorizados por la ley, se reduce la factibilidad y disponibilidad del agua, aumenta el costo del suelo, el costo de la vivienda, el costo de las rentas y los riesgos de protección civil”, señaló el Jefe de Gobierno. Además, destacó que estas prácticas corruptas también han provocado situaciones peligrosas, como el derrumbe de edificios nuevos durante sismos o la perforación de instalaciones estratégicas como el Sistema Colectivo Metro.
En particular, se hizo mención del llamado “cártel inmobiliario” de Benito Juárez, que ha operado de manera organizada para permitir construcciones ilegales a cambio de beneficios económicos. Según las investigaciones del Gobierno capitalino, este cártel ha estado involucrado en la autorización de pisos excedentes y otras irregularidades, lo que ha generado ganancias ilícitas que podrían alcanzar los mil millones de pesos.
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La Reforma al Código Penal establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes incurran en el delito de corrupción inmobiliaria, y prevé aumentos en las penas cuando las conductas corruptas produzcan beneficios económicos para los involucrados. Además, se han implementado medidas para fortalecer la capacidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para investigar y perseguir este tipo de delitos.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Inti Muñoz Santini, destacó la importancia de esta medida para proteger el tejido urbano y garantizar el derecho de los ciudadanos a habitar la ciudad dignamente. Asimismo, se enfatizó en la necesidad de una revisión constante de las construcciones autorizadas en el pasado para garantizar su apego a la normatividad vigente.
Con esta Reforma al Código Penal, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso de combatir la corrupción y promover un desarrollo urbano ordenado y sustentable que beneficie a todos los habitantes de la capital.
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