Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, tiene enfrente un nuevo embate jurídico, esto luego de que una Corte del estado de Miami levantara la pausa que se le había puesto al caso civil del “superpolicía”, el cual fue iniciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Hay que recordar que el caso ahora puede seguir su curso.
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En contexto, tanto el exfuncionario del gobierno calderonista, junto con miembros de la familia Weinberg, son acusados de formar parte de un esquema de entrega de contratos públicos. A finales del 2022, lograron que se detuviera el proceso, esto con el objetivo de promover una moción y desecharlo en una Corte de Florida.
Y es que anteriormente, se informó que el Gobierno de México presentó una demanda contra García Luna e integrantes de la Familia Weinberg. Mediante el recuso jurídico, el gobierno nacional busca recuperar 678 millones de dólares, que presuntamente “el superpolicía” habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018.
Le congelan sus cuentas a Genaro.
De acuerdo con información de la UIF, García Luna y sus cómplices entregaron más de 10 millones de dólares en 76 pagos de sobornos hacia diversas autoridades para obtener contratos.
El martes 23 de mayo se dio a conocer que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, negó un amparo a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón, contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en cumplimiento de una solicitud de carácter internacional.
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