De Frente Y Claro

El Gasto de los Inservibles Libros de la SEP

Por Carlos Águila Franco

Inmersos en el gran escándalo por los libros de texto gratuitos que la SEP pretende utilizar en el próximo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto de este 2023, si bien es muy importante que se evite por los contenidos que vienen en ellos, también hay que pensar en que, si se decide que no los usaran los alumnos, ¿con que trabajarán? Y, ¿el gasto de esos millones de libros quién lo pagará?

LOS COSTOS

Mientras se decide si se usan o no los libros de texto gratuitos, es importante conocer que el proceso de elaboración suma 870 millones 488 mil 231 pesos en 23 contratos que vencerán el último día de este año, así se conoce de acuerdo con las compras públicas de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y Compranet.

La Conaliteg fue creada en 1959 siendo Presidente Adolfo López Mateos, para abatir el analfabetismo en México que en ese año superaba el 44 por ciento de la población mayor de 15 años.

Y es esa misma Comisión la que hoy en este 2023, a 64 años, está en el ojo del huracán por la polémica de los libros del ciclo escolar 2023-2024 que se repartirán en las primarias mexicanas. Quienes están en contra de que se usen señalan un contenido para adoctrinar a los alumnos, en tanto López defiende que el trabajo se hizo conforme al marco legal.

Y como consecuencia de este problema, están 17 impresoras externas a la Conaliteg, quienes participan en la impresión y empaquetado de los ejemplares cuyo contenido es cuestionado por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México.

LAS EMPRESAS IMPRESORAS

En esta danza de más de 800 millones de pesos que ha costado imprimir los libros, destaca la Compañía Editorial Ultra S.A. de C.V. por ser a la que más se le ha pagado con 165 millones 179 mil 320 pesos.

Pero el problema no está en que haya participado en la impresión de estos libros, sino que dicha empresa fue investigada en el año 2000 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República por vender libros con presunto sobreprecio durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Razón por la cual se fincó presunto desvío de dinero entre 1999 y febrero de 2001 de la Conaliteg, de acuerdo a lo publicado en los diarios de circulación nacional El Universal el 11 de julio de 2002 y La Jornada el 13 de julio de 2002.

De igual forma, en las investigaciones se involucró al Grupo Gráfico Editorial, que fue acusado de imprimir más de 6 millones de libros antes de la firma del contrato en 2002, según un punto de acuerdo que fue presentado el 1 de octubre de ese año en la Cámara de Diputados por Miguel Bortolini Castillo. Resultando que 20 años después, el mismo Grupo Gráfico Editorial, lo contrata en la administración de López y su 4-T, para hacer los libros cobrando 22 millones 468 mil 960 pesos.

Otra de las empresas es SM de Ediciones con el monto menor que las otras, con un contrato por 41 mil 523 pesos para la impresión de los libros de texto del ciclo 2023-2024. Esta compañía se fundó en 1938 por la familia marianista, una agrupación misionera de España cuyo grupo editorial tiene presencia en México desde 1995.

De los contratos para elaborar los libros, 12 dieron inicio el 28 de diciembre de 2022 costando 785 millones 66 mil 650 pesos. 11 más comenzaron entre enero y mayo del 2023, en los momentos en que se inició la controversia por el contenido de los libros surgiendo una serie de amparos entre la UNPF y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) creada en 1917, ha protagonizado las polémicas en torno al contenido de los libros de texto gratuitos desde la impresión de la primera edición. Pero en relación al ciclo escolar 2023-2024 han argumentado desconocer a cabalidad su contenido, por lo que no le es posible verificar que el contenido coincida con los planes de estudio, garantice la intervención de los gobiernos estatales, así como de especialistas, así lo externó en entrevista a Reporte índigo Israel Sánchez Martínez, presidente en funciones de la organización.

Por esa razón, el 24 de mayo del 2023 el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa le otorgó un amparo a la UNPF en el que condicionó la impresión y distribución de los libros.

Y a pesar de que el viernes 2 de junio, la SEP dio a conocer que fue notificada por el juzgado en relación a un requerimiento para informar acerca del cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada a la organización, la dependencia no acató la resolución; es por ello que el 31 de julio una jueza lanzó un ultimátum para que la cumpliera.

Y en tanto el litigio por los libros llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la UNPF solicitó atraer uno de los amparos solicitados contra la distribución. Mientras que López sostiene en sus mañaneras que el material será distribuido porque no hay ningún impedimento legal.

Patética la situación de los libros de texto por sus contenidos y sumándose el millonario gasto, así como la nada transparente manera de a qué empresas les dieron los contratos para imprimirlos. Y la gran duda, ¿si los libros finalmente no se utilizan, quien pagará su costo? ¿Los responsables de diseñarlos mal, como Marx Arriaga Director de Materiales Educativos? ¿El pueblo sabio? ¿O como se acostumbra en esta 4-T los cubrirá y protegerá el manto de la Impunidad? Usted que piensa estimado lector.

Carlos Águila Franco es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la carrera de Ciencias de la Comunicación, con la especialidad en Periodismo de Investigación.

Se especializó en Análisis Político y ha cursado Diplomados en Francia, España, Italia y Canadá.De 1984 a 1988 fue Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en las materias de Géneros periodísticos de opinión, y Taller de Comunicación.

Ha laborado en: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CONASUPO, Secretaria del Trabajo, PGR, PGJDF, Secretaría de Gobernación, DDF, Gobierno del estado de Sonora, como funcionario en áreas de Comunicación Social.

En 1988 inició su actividad en Medios de Comunicación escrita, en Diarios y Revistas de circulación nacional como Editorialista. Así como columnista para el Diario de los Ángeles, en el estado de California, EUA. Y en 1998, incursionó en la radio, como analista en temas de política.

A partir de 1999 ha sido conductor de programas radiofónicos especializados en análisis político, e invitado a mesas de debate en medios electrónicos.