En el marco del tercer día de actividades de la Semana de Derechos Digitales, el Senado de la República se convirtió en un foro de diálogo entre legisladores, expertos en tecnología, académicos y representantes de la sociedad civil, quienes abordaron los retos actuales en torno a la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), la protección de datos personales y el desarrollo de la Web 3.0.
El evento, organizado por la Comisión de Derechos Digitales presidida por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, forma parte de un ejercicio parlamentario que busca acercar a la ciudadanía los debates sobre el impacto de las tecnologías emergentes en los derechos humanos y en la vida cotidiana.
Durante el panel “Derechos Digitales en la Web 3.0: Tecnologías Emergentes”, la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) subrayó que la legislación tecnológica no debe centrarse únicamente en regulares herramientas, sino en proteger derechos fundamentales como la identidad digital, la privacidad, el acceso a la información y el desarrollo ético de nuevas plataformas.
Anaya Mota planteó a los especialistas dos preguntas clave: ¿cuáles son las tecnologías emergentes que podrían complementar el desarrollo de la Web 3.0 e IA? ¿Y qué tipo de regulación podría garantizar un equilibrio entre protección de derechos, innovación y desarrollo tecnológico?


Alejandra Lagunes Soto Ruíz, representante de la Alianza Nacional por la Inteligencia Artificial, destacó que la IA representa una de las transformaciones más disruptivas de las últimas décadas, capaz de alterar todos los sectores de la sociedad. No obstante, advirtió que tecnologías como el cómputo cuántico, el blockchain y las neurotecnologías también tendrán un impacto significativo.
Lagunes sostuvo que es urgente contar con regulaciones flexibles y políticas públicas adaptativas, ya que la velocidad con la que evolucionan estas tecnologías obliga a repensar los marcos jurídicos tradicionales. “Si cambia la tecnología, ¿cómo cambiamos la ley?”, cuestionó.

En ese sentido, la senadora Anaya Mota reconoció el reto que enfrenta un Congreso “estático” al tratar de legislar sobre un sector dinámico. Por ello, planteó que las leyes deben ser generales, abstractas y unipersonales, lo que permitiría establecer bases sólidas sin frenar el desarrollo tecnológico, pero protegiendo los derechos fundamentales.
En el panel “Derechos Humanos en Línea”, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez Hernández, abordó la necesidad de reforzar la educación en derechos humanos y diversidad para prevenir fenómenos como el discurso de odio en medios digitales. También hizo un llamado a implementar mecanismos de protección robustos que resguarden los datos personales de niñas, niños y adolescentes, especialmente frente a delitos como la trata o el grooming.
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Por su parte, Eliana Pérez Gaffney, líder de Políticas Públicas para México de Meta, indicó que la libertad de expresión en línea debe convivir con políticas diseñadas por gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil, con el objetivo de prevenir la explotación sexual y otras conductas de odio en entornos digitales.
Finalmente, Leopoldo Maldonado, director ejecutivo de Artículo 19, advirtió sobre el riesgo de construir malas políticas públicas derivadas de una deficiente conceptualización de términos clave como “desinformación” y “discurso de odio”. “Hay que tener cuidado con lo que nombramos, porque eso define lo que regulamos”, puntualizó.
La Semana de Derechos Digitales continúa como un espacio de reflexión urgente para encarar los desafíos del presente digital. La construcción de un marco normativo ético, plural y eficaz será clave para garantizar que el desarrollo tecnológico no solo avance, sino que lo haga con justicia, equidad y respeto a la dignidad humana.
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