En un acto orientado a fortalecer la justicia social y brindar certidumbre jurídica a miles de familias, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de mil 450 títulos de propiedad a familias mexiquenses, como parte de un ambicioso programa de regularización de la tenencia de la tierra. Durante el evento, también se firmó el Convenio de Colaboración Usucapión Social para el Bienestar de las y los Mexiquenses, un instrumento legal diseñado para apoyar a quienes han habitado por años sin documentación oficial sus viviendas.
Delfina Gómez destacó que esta entrega beneficia directamente a cinco mil 300 personas de 88 municipios, y subrayó que su gobierno sigue el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al priorizar la protección de la propiedad familiar y la vivienda adecuada como derechos fundamentales.
“Con este convenio, las familias de escasos recursos podrán regularizar su patrimonio pagando solo mil 40 pesos, lo que representa un ahorro de hasta el 98% respecto al costo habitual del trámite”, explicó Gómez Álvarez. Además, el proceso de regularización podrá completarse en un lapso de tres a seis meses, posicionándolo como uno de los más ágiles en el país.
Asimismo, Delfina Gómez, enfatizó que su administración impulsa acciones de apoyo directo y gratuito, como la asesoría técnica y jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura a través del centro Impulsa, y la orientación permanente que ofrece el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) mediante sus 12 delegaciones.
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Al evento asistieron diversas autoridades estatales, entre ellas Carlos Maza Lara, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; María Alejandra Almazán Barrera, consejera de la Judicatura; y Alejandro Tenorio Esquivel, director general del Imevis.
Con esta estrategia, el Gobierno del Estado de México da un paso decisivo hacia la construcción de un modelo de desarrollo incluyente, donde el acceso a un hogar digno y legalmente reconocido es una prioridad de Estado.
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