Con la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite al Pleno del INAI sesionar con cuatro integrantes, la sociedad mexicana ha recuperado una instancia especializada que le defiende cuando se le niega la información sobre la vida pública o cuando se vulneran sus datos personales, afirmó la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al participar de manera virtual en la presentación del Informe sobre el combate a la corrupción en México.
El país y las entidades federativas 2021.
“El Máximo Tribunal dejó claro que la función democrática del INAI no debe interrumpirse ni postergase por criterios políticos. Los derechos humanos se garantizan, no se negocian, por lo que seguimos exhortando al Senado de la República a que concluya el proceso de nombramiento de los comisionados faltantes, porque sin el rol que juega el INAI, la sociedad no podrá corroborar la existencia de una democracia constitucional”, subrayó.
Ibarra Cadena reconoció a la comunidad académica del país, a organizaciones de la sociedad civil, a agrupaciones, colegios y barras de abogados, a organismos nacionales e internacionales como la OEA, la UNESCO, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por sumarse a la defensa del organismo garante nacional.
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“Seguimos de pie y seguiremos luchando, convencidos de que la transparencia puede generar gobiernos que rindan cuentas, que sean más cercanos a la gente y que sirvan a la sociedad”, apuntó.
El Informe fue elaborado por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara (UDG); revisa el cumplimiento de los mandatos que tienen las distintas instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los resultados de su gestión en el ejercicio fiscal 2021.
De las instituciones del SNA, el INAI fue el mejor evaluado en el cumplimiento de sus funciones; al respecto, la Comisionada Presidenta dejó claro que el Instituto no tiene como función directa el combate la corrupción, pero sí juega un papel importante en esta agenda, porque “no es posible abatir la corrupción si no hay transparencia”.
Sostuvo que la corrupción es un problema que trasciende lo público e impacta en la vida privada de las personas, afectando la economía, el acceso a la justicia y la igualdad de oportunidades, de ahí la relevancia de la coordinación interinstitucional, para diseñar estrategias y políticas públicas basadas en evidencia, que permitan combatirla.
Entre las conclusiones del Informe, destaca la ausencia de coordinación y resultados conjuntos en las instituciones públicas, debido a que no se han logrado establecer mecanismos de colaboración institucional permanentes eficientes y productivos. Además, los Comités de Participación Ciudadana son vistos como agencias ajenas a las administraciones públicas y son excluidos, descalificados o atacados por los gobiernos.
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