En la Ciudad de México, aproximadamente once mil personas de talla baja enfrentan un viacrucis diario al intentar movilizarse en un entorno que no está diseñado para ellas. Desde escaleras imposibles hasta mostradores inaccesibles, su derecho a la movilidad es limitado por una infraestructura excluyente.
Durante una intervención en la tribuna del Congreso capitalino, la diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, denunció esta situación y exigió un cambio urgente.

“La movilidad es un derecho humano fundamental. Es nuestro deber garantizar que todas las personas, independientemente de su estatura, tengan las mismas oportunidades de desplazarse con libertad, seguridad y dignidad”, expresó.
Sánchez Barrios presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, así como al Sistema de Transportes Eléctricos, Metrobús, RTP, y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que se realicen adecuaciones funcionales en la infraestructura de transporte público.
Estas modificaciones, señaló, permitirían avanzar hacia un modelo de movilidad inclusiva que reconozca las necesidades de personas de talla baja.
“El acceso a la movilidad no es solo una cuestión de infraestructura. Es una cuestión de igualdad, de respeto a la dignidad humana y de justicia social. Necesitamos ciudades diseñadas para todas las personas”, subrayó.
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Además, la legisladora recalcó la importancia de la inclusión social. “La dignidad comienza con la igualdad de oportunidades. Adaptar el transporte, construir aceras accesibles y garantizar espacios públicos inclusivos es solo el inicio”, enfatizó.

Más allá de las adecuaciones físicas, la diputada llamó a una transformación cultural. “Necesitamos educación y sensibilización para erradicar los prejuicios que enfrentan las personas de talla baja. No deben ser vistas como excepciones, sino como ciudadanas con derechos plenos.”
Finalmente, hizo un llamado a autoridades, empresas, legisladores y sociedad civil para sumar esfuerzos y garantizar una ciudad más justa, sin barreras ni limitaciones.
“La inclusión no es un favor, es un derecho. Y es nuestra responsabilidad colectiva hacerlo realidad”, concluyó.
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