La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 473 votos a favor, el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se establece la creación de un apoyo económico mensual para jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando ningún nivel de educación formal.
El dictamen, que no sufrió cambios en su discusión y fue aprobado tanto en lo general como en lo particular, estipula que el Estado deberá otorgar un apoyo equivalente al menos a un salario mínimo general vigente. Actualmente, el salario mínimo es de 248 pesos diarios. Este beneficio se concederá durante un periodo de hasta 12 meses, con el objetivo de que los jóvenes se capaciten para el trabajo en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas, bajo los términos que establezca la ley.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, dio lectura a una sinopsis del dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Este dictamen se origina a partir de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, así como de diversas propuestas de diputadas y diputados de la anterior Legislatura.
Gutiérrez Luna explicó que el apoyo económico propuesto tiene como propósito fundamental capacitar a los jóvenes para el trabajo, asegurando que aquellos que no se encuentran estudiando ni trabajando puedan adquirir las herramientas necesarias para integrarse al mercado laboral. Además, aclaró que, dado que el dictamen contiene un solo artículo, su discusión y votación se llevaron a cabo en un único acto.
Durante la discusión en lo particular, integrantes de las bancadas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron diversas reservas al único artículo del decreto. Sin embargo, todas las reservas fueron retiradas o no aceptadas para su discusión por el Pleno, y finalmente desechadas.
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Con esta aprobación, el proyecto de decreto ha sido turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, a fin de cumplir con los efectos constitucionales correspondientes.
Este paso representa un avance significativo en la política de apoyo a la juventud mexicana, fortaleciendo las acciones del gobierno para mejorar las oportunidades laborales y de capacitación para uno de los sectores más vulnerables de la población.
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