El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, reformas a los artículos 4º y 5º de la Constitución Política que prohíben el uso y comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y el fentanilo ilícito. El dictamen fue avalado por mayoría calificada con 327 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones.
Durante el debate, se aceptó una reserva presentada por la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio (Morena), que busca armonizar la redacción del artículo 4º constitucional con los últimos decretos de reforma promulgados. La legisladora argumentó que esta reforma protege el derecho a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes, al eliminar productos como los vapeadores, que han demostrado ser perjudiciales para la salud pública.
“Los vapeadores, aparentemente inofensivos, están causando daño irreversible en los jóvenes. Su aerosol contiene más de 80 compuestos tóxicos, incluyendo metales pesados y sustancias cancerígenas. Esta medida es un paso crucial para garantizar el bienestar de las personas”, señaló Ortega Tiburcio.
El debate generó posturas encontradas. El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) expresó su rechazo, argumentando que existen vicios en el procedimiento legislativo y errores de técnica jurídica. Por su parte, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que las modificaciones no se realizaron de manera pública ni en el foro adecuado.
Desde el PT, Adrián González Naveda defendió la reserva y subrayó la importancia de mantener “higiene en la redacción constitucional”, mientras que Federico Döring Casar (PAN) enfatizó que la Comisión de Puntos Constitucionales debe garantizar la excelencia jurídica y evitar errores en los dictámenes.
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El diputado Fernando Mendoza Arce (Morena) reiteró la necesidad de proteger a la juventud de dispositivos que generan adicciones, argumentando que estas medidas no deben estar sujetas a intereses políticos o mercantiles.
En la discusión, propuestas de modificación de legisladores del PAN, PT, PRI y MC fueron retiradas o desechadas por el Pleno.
Con estas reformas, se busca no solo proteger la salud pública, sino también asegurar la correcta implementación de los cambios constitucionales previamente aprobados. La medida establece un precedente en la lucha contra las adicciones y el uso de sustancias perjudiciales en México.
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