El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha proyectado que más de 1,500 personas en prisión preventiva participarán en los próximos comicios.
Esta medida, que busca garantizar el derecho al voto de este sector de la población, se llevará a cabo desde los Centros Penitenciarios de la capital mexicana.
Según declaraciones de un funcionario del IECM, esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo nacional para asegurar el sufragio de las personas en prisión preventiva en las elecciones federales.
En el caso específico de la Ciudad de México, el Congreso local ha ordenado al órgano electoral organizar la votación para la Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales.
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El consejero electoral destacó que este derecho se garantiza en virtud de la sentencia JDC-352/2018 emitida por el Poder Judicial de la Federación en 2019.
Esta sentencia asigna al Instituto Nacional Electoral (INE) la responsabilidad de diseñar los mecanismos necesarios para facilitar el voto de estas personas, así como la realización de pruebas piloto para implementar el voto por correspondencia.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, se observa una participación menor de lo esperado. De las más de 6,600 personas en prisión preventiva en los ocho reclusorios de la Ciudad de México, solo alrededor de 1,562 se inscribieron en la lista nominal de electores en esta condición.
Según explicó el consejero del IECM, esta baja participación se atribuye en parte a la expectativa de liberación anticipada por parte de algunos reclusos, así como al temor de ser excluidos de la lista nominal del exterior si se inscriben en la lista de electores en prisión preventiva.
El IECM ha coordinado con las autoridades penitenciarias para llevar a cabo este proceso, solicitando el número de personas en prisión preventiva en los centros penitenciarios.
Los datos revelan una distribución variada en los distintos reclusorios, con cifras que van desde 2 en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria hasta 783 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.
Este esfuerzo por garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva es un paso significativo hacia una mayor inclusión y participación en el proceso democrático, reflejando un compromiso con la equidad y la justicia electoral en la Ciudad de México.
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