La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se encuentra ultimando una propuesta que busca mitigar los riesgos para la inversión privada en el país ante la reforma judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso.
Esta reforma propone la elección de jueces y ministros por voto popular, lo cual genera incertidumbre jurídica y en el Estado de derecho.
Para abordar esta problemática, Coparmex ha iniciado una serie de foros a nivel nacional. En estos eventos, expertos y abogados reconocidos están compartiendo sus opiniones sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma es parte de su último paquete de cambios legales a la Constitución antes de la llegada de la nueva administración el 1 de octubre.
“Hay un gran potencial de inversión fresca y tenemos que darle certidumbre jurídica a la inversión. Por eso, el objetivo es encontrar cómo mejorar el Poder Judicial para que haya mayor certidumbre jurídica y así podamos tener un mejor desarrollo”, declaró José Medina Mora, presidente de Coparmex, en el primer foro.
El líder de la entidad, que agrupa a más de 36 mil empresarios responsables del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, expresó su preocupación por la reforma desde el punto de vista económico. Medina Mora reveló que varios proyectos de inversión en México, ya autorizados y con financiamiento, están detenidos debido a la incertidumbre jurídica generada por la reforma.
“Las empresas interesadas en invertir en México nos han dicho que si se implementa la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, detendrán sus inversiones. Eso es lo que nos preocupa”, señaló.
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Medina Mora también criticó que la mayoría de la inversión extranjera directa en México es reinversión de utilidades y que hay poca inversión nueva y fresca.
Considera que el potencial de inversión es muy grande, especialmente por el fenómeno de la relocalización de empresas o ‘nearshoring’.
El presidente de Coparmex subrayó que los cargos de jueces, magistrados y ministros no deben ser elegidos por voto popular, ya que no representan una demarcación territorial, sino que su función es aplicar la ley. Además, lamentó la posible eliminación de la carrera judicial en el PJF, que requiere concursos de conocimientos y experiencia para ascender a estos cargos. En su opinión, este sistema debería ampliarse a los estados y localidades en lugar de ser eliminado.
Elecciones judiciales son inviables.
Juan Pablo Campos González, gerente de proyecto en la fundación alemana Konrad-Adenauer-Siftiung México, calificó de “inviable” la propuesta de elegir jueces y magistrados por voto popular. Argumentó que esto atenta contra la independencia y autonomía de los juzgadores y supone un ejercicio organizativo descomunal, pues se tendrían que elegir a 4,698 candidatos a jueces y magistrados federales y 39,978 locales.
Campos González también demandó que, de llevarse a cabo la reforma, se implemente un proceso de preselección que garantice la idoneidad, los conocimientos teóricos y la experiencia necesaria para estos cargos. Propuso además entrevistas públicas y un comité técnico de evaluación de los perfiles, así como exámenes.
Advertencia sobre el ‘Poder Absoluto’.
El abogado y exsubprocurador General de la República, Javier Coello, enfatizó que la reforma judicial de López Obrador busca otorgar al oficialismo el poder absoluto, al controlar los tres poderes del Estado. “Quieren tener los tres poderes; en conclusión, un poder de Estado absoluto. Tienen al Ejecutivo, tienen el Legislativo y ahora quieren el Judicial”, sentenció.
Coello también señaló que esta reforma es una “auténtica venganza del Ejecutivo en contra del Poder Judicial”.
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