Integrantes del Grupo Parlamentario del PT en el Senado de la República advirtieron que, a lo largo de su historia, la comunidad transexual en el país ha sido perseguida severamente por la violencia, la segregación y el estigma, como lo demuestran diversas estadísticas.
En lo que va del año, señalaron las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, así como el senador Joel Padilla Peña, tres personas de la comunidad trans han sido asesinadas y dos más fueron agredidas.
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Entre los casos más conocidos están el de Samantha Fonseca, activista y defensora de la diversidad sexual, quien murió tras ser baleada; y el de Paola Suárez, quien fue golpeada gravemente por su pareja.
Por ello, presentaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, para solicitar a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las entidades de la República que den celeridad a las investigaciones relativas a crímenes de odio contra esta población y que los casos se juzguen con perspectiva sexual e identidad de género.
Plantearon que la Guardia Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informen mensual y permanentemente sobre los transfeminicidios y homicidios cometidos por orientación sexual, por identidad de género y otros delitos de odio en contra de la comunidad LGBTTTIQ+.
Padilla Peña, Bañuelos de la Torre y Pinedo Alonso, coincidieron que en México no se puede tolerar que se trasgreda la dignidad y los derechos humanos de cualquier persona, pues éstos, incluyendo los de la comunidad trans, van más allá del discurso y están protegidos por la Constitución Política.
“Un Estado constitucional de derecho no puede permitir que las transgresiones a los derechos humanos se vuelvan una cotidianidad. Hoy la seguridad de los grupos, que históricamente han sido excluidos, son prioridad para nuestro proyecto de transformación”, enfatizaron.
Las senadoras y el senador señalaron, en el documento que publicaron en la Gaceta de la Comisión Permanente, que menos del tres por ciento de las denuncias presentadas por crímenes, pertenecen al grupo de la comunidad trans, por la revictimización a la que son sometidas estas personas.
En este sentido, hicieron un llamado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que fomenten una cultura de paz y de derechos humanos hacia la comunidad LGBTTTIQ+, además del respeto a la diversidad y a la pluralidad que caracteriza a cualquier Estado democrático.
Destacaron que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía identificó, en una encuesta de 2018, que arriba del 74 por ciento de hombres y mujeres trans en México habían sido discriminados por su orientación sexual, y a 50 por ciento se les negó algún derecho por esa misma razón.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, por su parte, registró 209 crímenes de odio por la orientación sexual de las víctimas entre 2014 y 2020.
“Los grupos vulnerables, y en particular la comunidad LGBTTTIQ+, lastimosamente viven en incertidumbre. La inseguridad se ha convertido en una constante, día a día se ven expuestos a diferentes formas de violencia que se originan y reproducen tanto en el espacio público como en el privado de nuestra sociedad”, advirtieron los legisladores.
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