El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar información relacionada con las denuncias presentadas por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa.
“Elegí exponer públicamente este recurso de revisión, debido a que es un tema de interés público para el país, pues está relacionado con presuntos actos de corrupción en dependencias gubernamentales de la actual administración federal”, subrayó la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la Comisionada compartió que, a cuatro años de existencia como organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a Segalmex se le relaciona con posibles hechos de corrupción por el presunto desvío de 9 mil 500 millones de pesos, motivo por el cual las autoridades investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales; además, la dependencia ya ha presentado 30 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, así como otras ocho más, ante otras instancias como la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con su actual Director General; además de que ha estado bajo el escrutinio de autoridades fiscales y judiciales.
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Una persona requirió FGR, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 10 puntos de información relacionados con un comunicado oficial donde se dice que existen 38 denuncias presentadas ante esta Fiscalía por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Específicamente, la persona solicitó conocer cuántas indagatorias ha iniciado por posibles hechos constitutivos de delitos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, de enero de 2019 a la fecha; la fecha de cada denuncia, cuál fue la irregularidad denunciada, el número de personas indiciadas, el delito que se investiga, el monto económico o el daño observado que pudiera recaer en un daño patrimonial, el estatus de cada una de las investigaciones, así como cuántas órdenes de aprehensión y de presentación o comparecencia y, en caso, de haber sido judicializadas, indicar número de causa penal y órgano jurisdiccional.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, contestó cada uno de los puntos. En tanto que, por medio de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, señaló que se cuenta con 50 denuncias relacionadas con lo requerido, contra los tres sujetos obligados, y que la demás información solicitada se encuentra desglosada en documentos inmersos en carpetas de investigación en trámite, por lo que se encuentra clasificada como reservada.
La persona recurrente señaló como agravio la clasificación manifestada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, razón por la que presentó recurso de revisión ante el INAI.
Del análisis realizado por la ponencia a cargo de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas se advirtió que la información requerida es de índole genérica, ya que son datos estadísticos y estos sí deben entregarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 70, fracción treinta, de la Ley General de Transparencia, por lo que la misma no se puede localizar únicamente en los expedientes de las averiguaciones previas, toda vez que el sujeto obligado cuenta con un Sistema Institucional de Información Estadística, en el cual se pueden encontrar los datos solicitados.
“Resulta trascendental que el sujeto obligado, en este caso la Fiscalía General de la República, haga entrega de la información correspondiente, misma que es de carácter genérico o estadístico, es decir que, al proporcionarla, no se pone en riesgo la conducción de las investigaciones, porque no está vinculada a personas plenamente identificadas, siendo que no obran únicamente en las carpetas de investigación. Además, de que existen criterios establecidos en el órgano garante que señalan que, sin importar la materia, la información de carácter estadístico es de naturaleza pública”, expuso la Comisionada.
Del Río Venegas señaló que, al buscar la palabra “Segalmex”, en la Plataforma Nacional de Transparencia, se da cuenta de que existen 94 mil 278 registros, de los cuales 92 mil 678 pertenecen a información pública relacionada con las obligaciones de transparencia, mil 523 a solicitudes de acceso a la información, y 77 a quejas de respuestas emitidas por los sujetos obligados.
Estas cifras, dijo, reflejan el gran interés social de la ciudadanía por el tema, debido a que Segalmex es una institución clave en el Plan Nacional de Desarrollo.
“Desde el INAI seguiremos impulsando que las y los periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, y la población en general, sigan ejerciendo su derecho de acceso a la información, ya que gracias a este ejercicio es que las instituciones del Estado pueden fortalecer el combate a la corrupción y erradicar malas prácticas que, lamentablemente, han imperado en la vida pública del país”, destacó.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI, por unanimidad, determinó modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruyó que, por medio de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, realice una nueva búsqueda de lo requerido por el particular y entregue la documentación que da atención a cada uno de los puntos de la solicitud.
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