Genaro García Luna, quien fuera arquitecto y rostro público de la sangrienta guerra de México contra los poderosos grupos criminales, fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York de traicionar a su país y a sus colegas al aceptar millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga que debía perseguir.
El veredicto de culpabilidad, emitido tras varios días de deliberaciones en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, representó una sorprendente derrota para García Luna, un exagente de las fuerzas del orden de mandíbula prominente que estaba tan involucrado en el sistema de seguridad de su país que a menudo se le describía como el J. Edgar Hoover de México.
Mientras el juez Brian M. Cogan leía el veredicto, García Luna mantuvo la compostura y se mostró impasible junto con sus abogados. Su esposa e hija, que estaban detrás de él en la sala del tribunal, tampoco expresaron sus emociones.
El jurado tomó su decisión tras escuchar el testimonio de media decena de narcotraficantes experimentados. Los miembros del jurado determinaron que García Luna había llevado una doble vida y que, de manera secreta, estuvo en la nómina del mayor grupo delictivo de México, el Cártel de Sinaloa, casi todo el tiempo que dirigió la agencia equivalente al FBI en el país y después fue su secretario de Seguridad Pública, un poderoso cargo en el gabinete presidencial.
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Desde hace mucho tiempo, los mexicanos sospechan que funcionarios de los más altos niveles del poder han estado aliados con los mismos mafiosos que durante décadas han infligido dolor y sufrimiento a su país, que a pesar de los miles de millones de dólares y décadas de esfuerzos de las fuerzas del orden ha alcanzado nuevos niveles de violencia en los últimos años.
Para muchas personas en México es difícil exagerar el espectáculo catártico que representa que un hombre como García Luna sea declarado culpable de participar en lo que se conoce como una empresa criminal en curso, un cargo por el que ahora se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se apresuró para aprovechar la noticia del veredicto, después de haber utilizado el juicio durante semanas como un arma política contra el partido de la oposición, al que García Luna sirvió durante más de una década mientras trabajaba bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón.
Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno mexicano, tuiteó un comentario dirigido a Calderón, a quien López Obrador ha acusado reiteradamente de corrupción.
En declaraciones a la prensa a la salida del tribunal, César de Castro, el abogado principal de García Luna, dijo que estaba decepcionado por el veredicto.
“Después de muchos años de tratar de lograr un caso contra García Luna con pruebas creíbles y fiables, el gobierno se vio obligado a conformarse con un caso construido con los testimonios de algunos de los criminales más infames y despiadados que testificaron en este tribunal”, dijo De Castro.
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