El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha implementado diversas acciones afirmativas de manera progresiva, pero aún enfrenta desafíos significativos, especialmente al interior de los partidos políticos. Por ello, es necesario analizar si estas medidas deben incrementarse de cara al próximo proceso electoral, afirmó la consejera electoral Sonia Pérez Pérez durante su participación en la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales.
Este evento fue organizado por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y buscó abordar los retos para garantizar los derechos político-electorales de grupos históricamente discriminados.
La también presidenta de la Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos de Atención Prioritaria del IECM destacó los logros alcanzados en el Proceso Electoral 2023-2024. En ese periodo, se aplicaron acciones afirmativas que permitieron la postulación de personas jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual, con discapacidad, así como integrantes de pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas, bajo un esquema de paridad.
“Avanzamos juntos: Instituto, partidos y ciudadanía, en el respeto de los derechos. Ahora debemos analizar si estas acciones son suficientes y cómo podemos seguir avanzando en el próximo proceso electoral”, señaló Pérez Pérez. Sin embargo, subrayó que persisten resistencias dentro de los partidos políticos, los cuales argumentan la falta de personas de grupos vulnerables para postular o evitan abrir espacios reales en las candidaturas, limitándose a incorporar demandas de estos grupos en sus plataformas.
Otro reto destacado es garantizar que los actos de campaña sean inclusivos, permitiendo a las candidaturas un contacto directo y efectivo con las personas que buscan representar. Asimismo, Pérez Pérez propuso evaluar si un porcentaje del Presupuesto Participativo asignado por las alcaldías debería reservarse para proyectos de grupos prioritarios, lo que fortalecería su participación ciudadana.
En cuanto al financiamiento público destinado por los partidos políticos a la capacitación y educación política, la consejera sugirió que estas actividades incluyan a los grupos prioritarios, como parte de sus obligaciones de gasto programado.
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La jornada contó con la participación de destacadas figuras como Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF; Janine Otálora, Magistrada de la Sala Superior del TEPJF; Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral; y Alma Elena Sarayth de León, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entre otras.
Este encuentro reafirmó la importancia de reforzar las acciones afirmativas y la inclusión para garantizar la igualdad de derechos en los procesos democráticos de México.
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