Con el objetivo de preservar uno de los vestigios más representativos del legado ancestral del Valle de México, el Congreso de la Ciudad de México propuso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que, en coordinación con la Secretaría de Cultura federal, inicie el proceso de integración del expediente que permita emitir la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos del sitio del Cerro de Cuahilama, ubicado en Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco.
Asimismo, se hizo un llamado a la Secretaría de Cultura capitalina y a la propia alcaldía para que, dentro del ámbito de sus competencias, participen en acciones de restauración y conservación del lugar, considerado un importante centro ceremonial y astronómico de origen prehispánico.
Durante la presentación del exhorto, la diputada Erika Lizeth Rosales Medina, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, destacó que Cuahilama no es sólo una elevación geográfica, sino un santuario natural y ceremonial con una profunda carga espiritual e histórica. En sus laderas se encuentran petroglifos tallados entre los años 1450 y 1521, que representan deidades, calendarios y elementos de la cosmovisión de pueblos originarios como Copilco, Cuicuilco y Tlatilco.
Indicó que el sitio ha estado ocupado desde el siglo XIII y que su importancia arqueológica también radica en las estructuras ceremoniales y agrícolas que aún pueden observarse, muchas de las cuales lo señalan como un antiguo observatorio solar.


Pese a su relevancia histórica y simbólica, el Cerro de Cuahilama no cuenta con una declaratoria oficial como zona de monumentos arqueológicos, lo que lo deja vulnerable ante amenazas como el vandalismo, el saqueo, la urbanización desmedida y el abandono institucional.
“La falta de reconocimiento oficial pone en riesgo la memoria colectiva de nuestros pueblos originarios. No podemos permitir que el silencio institucional borre un legado que nos pertenece a todos”, subrayó la legisladora.
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Rosales Medina enfatizó que la declaratoria permitiría al Estado mexicano establecer un marco jurídico para proteger el sitio, canalizar recursos públicos, impulsar proyectos de investigación y fortalecer el vínculo entre las comunidades locales y su patrimonio histórico.
“Proteger Cuahilama no es un acto nostálgico, es una inversión en el futuro. Es devolverle a los pueblos originarios su derecho a la memoria, a la identidad y a la dignidad. Es afirmar que en esta ciudad, la historia y la cultura no son ornamentos, sino cimientos de justicia”, concluyó.
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