La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta plantea descriminalizar la producción, tráfico, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, estableciendo que estas actividades no serán consideradas delitos por el Estado.
Política regulatoria y recaudatoria
La legisladora enfatizó que la política pública relacionada con el consumo de estas sustancias debe abordarse desde una perspectiva regulatoria y recaudatoria. Este enfoque permitiría mitigar los riesgos asociados a su producción y consumo, al tiempo que facilitaría la recaudación de recursos fiscales.
La iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para establecer contribuciones especiales sobre estas sustancias. Además, sugiere la creación de un Plan Nacional de Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, que será diseñado por el Ejecutivo Federal para garantizar la salud de las personas consumidoras. Las entidades federativas también estarán obligadas a desarrollar sus propios planes en un plazo máximo de 180 días.
Régimen transitorio y adecuaciones legislativas
El proyecto establece un plazo de 365 días para que el Congreso de la Unión reforme la legislación fiscal y penal aplicable, bajo un esquema de parlamento abierto que permita la participación de la sociedad. Asimismo, el Ejecutivo Federal tendrá el mismo plazo para emitir los lineamientos de la política fiscal destinada a gravar estas actividades. Las legislaturas locales también deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
Impacto fiscal y social
Ballesteros Mancilla argumentó que este nuevo enfoque permitiría al Estado recaudar impuestos que podrían destinarse a salud y seguridad. Calculó que la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al mercado de drogas podría generar hasta un billón 113 mil 600 millones de pesos anuales, cifra que representa el 12% del Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Este beneficio, por sí solo, debería convencer a todas las fuerzas políticas de adoptar una nueva estrategia en materia de drogas. La política prohibicionista no ha servido para disminuir el consumo; solo ha obligado a las personas a acudir a un mercado negro, con drogas sin regulación sanitaria y que financian la violencia”, aseguró.
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Hacia un cambio de paradigma
La diputada destacó que las políticas prohibicionistas han provocado la aparición de mercados negros y organizaciones criminalizadas que recurren a la violencia para proteger sus actividades ilegales. Su propuesta busca cambiar este paradigma, abordando el consumo de sustancias desde una perspectiva de salud pública en lugar de una política criminal, y quitando una fuente clave de ingresos al crimen organizado.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y discusión.
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