La diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que el Estado otorgue apoyos educativos, económicos y sociales a las hijas, hijos y dependientes de mujeres víctimas de feminicidio, un problema que ha dejado a miles de menores en situación de vulnerabilidad.
La propuesta incluye garantizar becas educativas, programas de tutoría y ayudas económicas mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda. Además, plantea que las víctimas indirectas reciban atención jurídica, médica con cobertura integral de salud y servicios psicológicos especializados de manera gratuita, a fin de proteger su bienestar físico y emocional.
De acuerdo con la legisladora, la atención a esta población debe ser permanente y realizada con la participación de diversas instituciones públicas, lo que no solo satisface compromisos de derechos humanos, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y resiliente.
La iniciativa, que modifica y adiciona disposiciones al artículo 26 de la Ley, fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis. González González destacó que aunque la implementación de estos apoyos representará un costo para el Estado, es una inversión fundamental para garantizar un futuro estable a las niñas, niños y adolescentes afectados por esta tragedia.
La diputada subrayó que la situación de orfandad por feminicidio en México es alarmante. Datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) revelan que, entre abril de 2018 y marzo de 2021, más de cinco mil menores quedaron huérfanos debido a feminicidios. Sin embargo, para 2024, no se cuenta con cifras exactas actualizadas y, a pesar de la creación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio en 2021, su aplicación ha sido deficiente.
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“La violencia de género que cobra tantas vidas también deja a miles de menores en condiciones de extrema vulnerabilidad. Es nuestra responsabilidad moral y legal protegerlos y brindarles el apoyo necesario para garantizar su desarrollo y bienestar”, enfatizó la legisladora.
Con esta iniciativa, se busca dar un paso firme hacia la justicia y la equidad para quienes han sufrido las consecuencias de la violencia feminicida, priorizando el bienestar de los menores como parte esencial del compromiso del Estado.
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