En un esfuerzo por asegurar una mayor protección para los ciudadanos en materia de salud, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), ha propuesto una reforma al artículo 4º de la Constitución Política de México. Esta iniciativa busca garantizar el reembolso de los gastos en salud cuando los servicios públicos no cumplan con su obligación de proporcionar medicamentos e insumos médicos.
Reforma por gastos por omisión o desabasto
La propuesta del diputado Ramírez Barba plantea una modificación al cuarto párrafo del mencionado artículo, estableciendo que el Estado deberá reembolsar a la población los gastos incurridos en servicios de salud privados o sociales, cuando estos sean necesarios debido a la omisión o desabasto de las instituciones públicas. Esto incluye casos en los que los insumos y medicamentos están incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y fueron prescritos por profesionales de las instituciones públicas.
El diputado detalló que la ley deberá establecer los mecanismos específicos para el reembolso y que este será financiado por los recursos anuales asignados a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ramírez Barba enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el Estado tiene la obligación de suministrar tratamientos médicos de forma oportuna y constante, considerando el estado de salud del paciente.
La iniciativa surge en respuesta a las dificultades reportadas por los ciudadanos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI, analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un hogar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gasta en promedio 5 mil 350 pesos anuales en medicamentos que el sector público no proporciona. Además, el gobierno ha reconocido que durante los últimos años se dejaron de surtir 45 millones de recetas.
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Ramírez Barba argumenta que “la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado”, y considera que esta reforma es un paso crucial hacia un sistema de salud más robusto, inclusivo y sustentable, que proteja adecuadamente a todos los mexicanos, en especial a los más vulnerables.
La iniciativa ha sido enviada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su discusión y posible aprobación.
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