Los jueces tienen la obligación de aceptar de buena fe los dichos de las mujeres que sufren violencia para emitir medidas de protección a su favor, destacó el juez de control del sistema procesal penal acusatorio, Agustín Rodríguez Beiza. Esto es conforme al principio de buena fe estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Víctimas.
El juez Rodríguez Beiza enfatizó que, de no proceder de esta manera, se comprometería el derecho de las víctimas a un procedimiento expedito y accesible. Subrayó que las mujeres violentadas no deben dudar en acudir ante los jueces para solicitar medidas de protección, incluso si no cuentan con pruebas más allá de su testimonio.
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“Que no se preocupen si además de su palabra no tienen pruebas, pues siempre se ponderará el alcance de su dicho bajo la perspectiva de género, sin olvidar nunca la asimetría de poder y el pasado vergonzoso de abuso y de violencia que la mujer ha sufrido en este país”, enfatizó Rodríguez Beiza.
Explicó que los jueces actúan de esta manera conforme a lo estipulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y en la Ley General de Víctimas, en relación al principio de buena fe.
Además, el juez detalló que cualquier persona puede solicitar medidas de protección para una mujer víctima de violencia, mencionando específicamente el caso de las menores de edad. “En el caso de una niña, quienes ejercen la patria potestad podrían plantear la solicitud, pero si estos son los agresores, cualquier otra persona puede pedir las medidas de protección en nombre de la niña para que un juez la proteja”, precisó.
Rodríguez Beiza recordó que las medidas de protección dictadas por los jueces pueden incluir la prohibición al agresor de acercarse a la víctima, acudir a su domicilio, centro de trabajo o estudios, la desocupación del hogar conyugal o hasta la vigilancia policial. Estas medidas deben mantenerse hasta que haya prueba documental de que el riesgo ha cesado.
Destacó que las mujeres violentadas pueden presentarse directamente ante los jueces de control del órgano judicial capitalino para solicitar medidas de protección. Los jueces están disponibles en los horarios ordinarios de labores en los reclusorios norte, sur y oriente, y a través de guardias los 365 días del año.
Finalmente, Rodríguez Beiza indicó que otra opción es acudir a los centros de justicia para las mujeres, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, localizados en diversas alcaldías, donde el personal adscrito les ayuda a remitir ante el juez del PJCDMX la solicitud de medidas de protección.
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