Ante las irregularidades que se cometen dentro de lo que fue la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (FEDAPUR), ahora Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), como el realizar desalojos arbitrarios en predios de la Ciudad de México bajo un mecanismo exprés con el que se afecta a miles de personas es importante una investigación a fondo sobre el actuar de la citada dependencia.
Lo anterior fue señalado por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios quien ante esto, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia capitalina a que realicen las acciones necesarias para investigar casos de desalojos extrajudiciales.
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Asimismo, señaló que uno de los más recientes casos es el que se dio hace dos semanas en República de Bolivia 7, a unas calles de este recinto, “en el que llegaron por la madrugada, un supuesto actuario de un juzgado acompañado de elementos de la Policía Bancaria y cerca de 100 personas que se infiltraron en el inmueble a robar las pertenencias de los habitantes y tratar de desalojarlos con violencia”.
Los vecinos, ante estos hechos, dijo Sánchez Barrios, “pidieron el auxilio de la fuerza pública pero tardaron más de una hora en llegar, de nada sirvió apretar el botón de pánico ubicado a unos metros pues fueron ignorados”.
“Sin duda, comentó “es evidente el grave problema que enfrenta la ciudad con la alta demanda de vivienda pero ello no justifica que se viole el derecho que tenemos las personas de tener una vivienda digna, menos cuando se pone en desventaja a los sectores desfavorecidos de esta capital y se utiliza a las instituciones de justicia para cometer estas arbitrariedades”.
En su exposición hizo alusión a un reportaje de investigación realizado por la revista Proceso, “la FIDAMPU, de acuerdo al semanario, ha asegurado 36 inmuebles de forma extrajudicial; en 10 de ellos los habitantes estaban buscando la regularización con apoyo del INVI, lo que evidentemente no se logró. Por mencionar algunos que están en la misma situación, son el de Leonardo Da Vinci 129”.
“En este caso en dos meses; octubre y noviembre del 2017 fue demolido y entregado a un abogado con un proceso iniciado por una denuncia anónima.”
Otro caso aún más breve, ejemplifica la representante popular “ es el de Isabel la Católica 245 que fue asegurado el 3 de diciembre de 2018 después de iniciar la averiguación el 14 de noviembre, también por una denuncia anónima por tirar cascajo en vía pública, otros casos similares son Zapata 68 y Turín 46.
Además señaló que la Ciudad de México es la segunda entidad más poblada del país con 9 millones 209 mil 944 habitantes, de acuerdo al censo de vivienda del 2020. “Este gran número implica que haya una alta demanda de vivienda, servicios públicos y transporte. Además de que es una de las entidades con mayor actividad económica”.
Lo anterior convierte, agregó, “ a la ciudad con gran actividad inmobiliaria debido a diversos factores, entre ellos, la demanda de vivienda digna por diversos sectores de la sociedad, por un lado quienes habitan predios con daños estructurales causados por los sismos o por el paso de los años, otro grupo que está en la irregularidad y por último, un sector que busca inmuebles nuevos para formar su propio patrimonio. Todos ellos están en busca de vivienda en una ciudad que está sobre poblada.
Y puso el dedo en la llaga al comentar “otro de los grandes problemas de la ciudad es la forma poco eficiente para regularizar un inmueble, o para adquirirlo, además del alto costo y la engorrosa burocracia para comprar una vivienda nueva o construirla”.
Por otro lado, dijo, “está el proceso de gentrificación el cual genera que muchos inmuebles con daños estructurales o con problemas legales sean blanco de inmobiliarias y constructoras que inician procesos para adueñarse de ellos”.
Por ello pidió el voto de sus pares para exigir que la Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcione seguridad a las personas que habitan predios que son desalojos y atienda a los llamados de los afectados y en un segundo resolutivo para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigue estos casos de desalojos que se realizan de forma extrajudicial en la Ciudad de México y principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.
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