El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) ha marcado un precedente histórico al anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, dejando sin efecto la constancia de mayoría otorgada a Alessandra Rojo de la Vega.
La anulación se fundamenta en la comprobación de Violencia Política en Razón de Género ejercida durante la contienda en contra de la morenista Caty Monreal.
Monreal ha destacado la importancia de este fallo, subrayando que es un paso significativo para evitar que las mujeres sean invisibilizadas en la política.
“Yo seguiré luchando por la verdad, la justicia, la democracia y sobre todo por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Porque no podemos normalizarla, no debemos permitir que quien la ejerce, quede impune”, sentenció.
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La política morenista también hizo un llamado a reforzar el trabajo dentro de los partidos políticos y a difundir información sobre la Violencia Política en Razón de Género, subrayando que no se debe permitir que los agresores justifiquen sus acciones como parte de la libertad de expresión o el debate político.
Monreal enfatizó que el fallo del Tribunal se basa en principios jurídicos sólidos y en la Constitución, y reafirmó su compromiso de continuar la lucha en todas las instancias legales disponibles.
El TECDMX no solo anuló la elección, sino que también impuso sanciones económicas a Rojo de la Vega, por un monto de 27 mil pesos, debido a las agresiones sistemáticas que demeritaron la figura de Monreal durante su candidatura.
Además, Rojo de la Vega será inscrita en el padrón nacional de agresores de mujeres, una medida que subraya la gravedad de sus acciones.
Los magistrados también invalidaron la asignación de concejales por el principio de representación proporcional para la coalición PAN, PRI y PRD, reflejando la amplitud de las sanciones derivadas de la conducta violenta en el contexto político.
Este fallo resalta la necesidad urgente de garantizar que las mujeres que participan en la política lo hagan en un entorno libre de violencia y discriminación, y refuerza el compromiso del sistema judicial en proteger sus derechos.
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