El impacto psicológico de la formación en jueces y magistrados
Por el Dr. Horacio Rafael Rodríguez Montalvo
En estos días, hemos presenciado la lucha por modificar el poder judicial, cambios que, debemos reconocer, son necesarios debido a la baja eficiencia y los resultados insatisfactorios que ofrecen a los ciudadanos. Durante los debates a favor y en contra de estas reformas, ha llamado la atención la afirmación realizada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló: “No es nada difícil ser juez e impartir justicia; cualquiera puede ejercer el derecho con algo de conocimiento, que todo egresado de la facultad tiene, pero con mucha actitud.” Este comentario es similar a otros que ha hecho sobre ingenieros, políticos y médicos.
Centrémonos en la formación de abogados para ejercer como jueces o ministros y analicemos los impactos psicológicos que presentan las personas preparadas frente a aquellas que no lo están.
Los fenómenos psicológicos relacionados con la equidad, la transparencia y el respeto en el proceso judicial son cruciales para mantener la legitimidad del sistema judicial. Estos conceptos no solo afectan la confianza en las instituciones judiciales, sino que también tienen un impacto significativo en el bienestar emocional y psicológico de los individuos involucrados.
La justicia en el proceso y la legitimidad no son solo conceptos abstractos dentro del poder judicial; son pilares fundamentales que sostienen la confianza pública y la estabilidad social. Cuando los ciudadanos perciben que estos principios se respetan, se fortalece el tejido social y se promueve un mayor respeto por las leyes y las normas. Por el contrario, la falta de percepción de justicia y legitimidad puede llevar a la desconfianza, el conflicto y la erosión de la cohesión social.
No solo se trata de garantizar resultados justos, sino de construir una percepción de equidad que fomente la confianza y el respeto por la ley. Para lograr esto, la formación de los actores del poder judicial es esencial para asegurar que tengan un conocimiento profundo de las leyes, los principios jurídicos y las normas procesales que garanticen decisiones justas y basadas en el derecho.
La formación profesional va más allá del conocimiento teórico y se centra en las habilidades prácticas y éticas necesarias, asegurando que las decisiones estén basadas en un análisis riguroso de la ley y los hechos. La experiencia profesional permite a los jueces y ministros aplicar de manera efectiva el conocimiento. La capacidad de interpretar la ley no solo depende de un entendimiento técnico, sino también de la habilidad para contextualizarla en situaciones del mundo real.
Por ejemplo, imagina un caso en el que un juez debe decidir sobre la custodia de dos menores en medio de un proceso de divorcio entre los padres. La madre alega que el padre ha sido violento en repetidas ocasiones, mientras que el padre niega las acusaciones y presenta pruebas de su buen carácter y relación con los hijos. El caso involucra no solo la decisión de quién obtendrá la custodia principal de los niños, sino también la seguridad y el bienestar de los menores a largo plazo.
El juez debe tener la experiencia necesaria para evaluar la evidencia presentada por ambas partes, incluyendo testimonios de testigos, informes de servicios sociales y, posiblemente, exámenes psicológicos de los padres y los menores. Un juez sin suficiente experiencia podría tener dificultades para interpretar adecuadamente estos documentos y testimonios, lo que podría llevar a una decisión injusta.
Como este, podemos ver ejemplos en lo penal, mercantil, laboral y otras áreas del derecho, donde las decisiones judiciales tendrán un alto impacto en alguna de las partes.
Por todo lo anterior, no podemos aceptar la premisa de “es tan fácil ser abogado o impartir justicia”, especialmente en una sociedad emocionalmente dividida, más ocupada en demostrar quién ganó que en analizar las consecuencias de las decisiones que se están tomando. Hoy, una parte de la población celebra la decisión, mientras que otra está asustada al ver cómo uno de los tres poderes está siendo silenciado, afectando a trabajadores que llevan años construyendo sus carreras y, por supuesto, abriendo la puerta a una mayor corrupción.
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Es evidente que el sistema judicial, al igual que el legislativo y el ejecutivo, requiere cambios que beneficien y unan a la nación.
La justicia no es una simple mecánica de aplicación de leyes; es el reflejo del alma de una sociedad. La formación y experiencia de quienes imparten justicia no solo garantizan la correcta interpretación de la ley, sino que también son el fundamento sobre el cual se construye la confianza de la ciudadanía en el sistema. En un momento en que la legitimidad de nuestras instituciones está en juego, es imperativo recordar que la justicia mal administrada puede convertirse en una forma de violencia. La excelencia en la formación y experiencia judicial no es un lujo, sino una necesidad para salvaguardar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ignorar esto es permitir que la justicia se convierta en un mero instrumento de poder, en lugar de un baluarte de equidad y cohesión social.
Doctor en la Facultad de medicina, en el área de ciencias de la salud con especialidad en salud mental en el trabajo. Consultor y conferencista en transformación organizacional – humano, en diversas empresas privadas y públicas.
Docente en los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, especialidad y diplomado, en las carreras de: Psicología, administración, educación, mercadotecnia, alta dirección y desarrollo humano.
Especialista invitado en programas radiofónicos, publicaciones en periódico, revistas impresas/ electrónicas, redes sociales, plataformas y televisión con temas del comportamiento humano.
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