La Política Desde la Psicología

La Usurpación de Profesiones: Un Desafío para la Ética, la Legalidad y la Educación

Por el Dr. Horacio Rafael Rodríguez Montalvo

La usurpación de funciones profesionales es un fenómeno alarmante que puede tener consecuencias devastadoras, especialmente en el ámbito de la salud mental. El reciente caso de una abogada que se hizo pasar por psiquiatra no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema ante prácticas ilegales, sino que también resalta los riesgos inherentes a la falta de regulación y supervisión en profesiones críticas. La salud mental es un componente esencial del bienestar humano, y recibir atención inadecuada o errónea puede agravar problemas psicológicos, generar desconfianza en los servicios de salud y poner en peligro la vida de quienes buscan ayuda.

Este fenómeno, que afecta a diversas áreas laborales, poniendo en riesgo tanto la calidad de los servicios ofrecidos como la seguridad de las personas. Está práctica se refiere a ejercer una profesión sin contar con la formación, las credenciales o la autorización legal necesarias. Esto puede incluir desde la práctica ilegal de la medicina hasta la asesoría financiera sin la debida certificación.

En la medicina, la psicología o la ingeniería, la falta de formación adecuada puede resultar en decisiones erróneas que pongan en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, un psiquiatra no certificado podría diagnosticar incorrectamente a un paciente, lo que podría llevar a tratamientos inadecuados y provocar daños más grandes que el motivo de consulta por el que llega.

Al darse cuenta las víctimas del fraude o de los servicios deficientes, su percepción sobre la validez de las credenciales profesionales se ve afectada. Es decir, también se perjudica la imagen de la institución que otorga la certificación de las habilidades requeridas para la profesión. Además, es importante mencionar el enorme crecimiento de centros de educación y formación, como colegios, institutos o centros, cuya calidad es dudosa.

La situación ha generado competencia desleal en el mercado laboral. Los profesionales que han invertido tiempo y recursos en su formación se ven perjudicados por aquellos que ejercen sin las credenciales necesarias, lo que puede llevar a una devaluación de sus servicios. Es crucial revisar y actualizar las leyes que regulan el ejercicio de las profesiones. Esto incluye establecer sanciones más severas para quienes ejerzan sin las credenciales adecuadas y facilitar la denuncia de estas prácticas. La creación de registros públicos donde se puedan verificar las credenciales de los profesionales también puede ser una herramienta útil.

Es necesario implementar campañas de información al público sobre la importancia de contratar a profesionales debidamente acreditados. Similar a los sellos en los alimentos, para generar conciencia. Estas campañas pueden incluir charlas y materiales informativos que resalten los riesgos asociados con la usurpación de profesiones y cómo identificar a un profesional legítimo. Aquí el implementar sistemas digitales que permitan a los ciudadanos verificar fácilmente las credenciales de los profesionales puede ser un paso importante hacia la transparencia.

El problema es muy complejo que requiere un enfoque multifacético. No solo se trata de sancionar a quienes ejercen sin la debida formación, sino de crear un entorno donde la educación y la ética sean valoradas y promovidas. La protección de las profesiones no solo beneficia a los profesionales, sino que también garantiza la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Es fundamental reconocer que la educación es la base sobre la cual se construyen las competencias y habilidades necesarias para ejercer una profesión de manera ética y responsable. Sin embargo, cuando el sistema educativo no logra proporcionar una formación adecuada o accesible, se abre la puerta a la usurpación. Esto puede ocurrir por diversas razones: falta de recursos, currículos desactualizados o incluso una desconexión entre lo que se enseña y las necesidades del mercado laboral. En este sentido, la educación debe ser vista como un pilar esencial para garantizar que los profesionales estén debidamente capacitados y legitimados en su campo.

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La política juega un papel crucial en la regulación de las profesiones. Las leyes y normativas establecidas por los gobiernos son las que definen qué constituye una práctica profesional legítima y cuáles son los requisitos para ejercerla. Si estas regulaciones son laxas o ineficaces, se corre el riesgo de permitir que personas no calificadas ocupen posiciones que requieren un alto nivel de especialización. La intersección entre política y educación también plantea preguntas sobre cómo se valoran ciertas profesiones en nuestra sociedad. La usurpación puede ser vista como un síntoma de una crisis más amplia en la que algunas profesiones son deslegitimadas o subestimadas.

Finalmente, se requiere fomentar un diálogo continuo entre educadores, legisladores y profesionales para abordar estos desafíos. La creación de programas educativos robustos y actualizados, junto con políticas claras y efectivas para regular las profesiones, puede ayudar a mitigar el problema de la usurpación. Solo así podremos construir un entorno donde el conocimiento sea valorado adecuadamente y donde cada profesión tenga su espacio legítimo basado en la competencia.

Doctor en la Facultad de medicina, en el área de ciencias de la salud con especialidad en salud mental en el trabajo. Consultor y conferencista en transformación organizacional – humano, en diversas empresas privadas y públicas.

Docente en los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, especialidad y diplomado, en las carreras de: Psicología, administración, educación, mercadotecnia, alta dirección y desarrollo humano.

Especialista invitado en programas radiofónicos, publicaciones en periódico, revistas impresas/ electrónicas, redes sociales, plataformas y televisión con temas del comportamiento humano.