Por el Dr. Horacio Rafael Rodríguez Montalvo
Tristemente se tiene nuevamente la noticia de una niña que ha vivido una situación difícil por haber sido violada, haber quedado embarazada y hoy, tener la posibilidad de tener que pagar a su agresor. Es una situación que requiere una amplia investigación, pero vuelve a poner en la mira de la sociedad un problema mundial, que es muy frecuente y desde hace mucho tiempo.
La violación es uno de los actos más atroces de los derechos humanos, que no solo deja cicatrices físicas y emocionales en las víctimas, sino que también plantea complejas cuestiones legales y éticas, especialmente en lo que respecta al aborto. En muchos países, las leyes sobre el aborto son restrictivas, lo que agrava aún más el sufrimiento de las víctimas menores de edad.
Las estadísticas sobre la violencia sexual contra menores son alarmantes. Según informes de organizaciones internacionales, como, por ejemplo: la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) ha experimentado violencia sexual en algún momento de su vida. (OMS, “Violence against women prevalence estimates, 2018”). Otro estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que alrededor de 7 millones de adolescentes en todo el mundo quedan embarazadas cada año, muchas como resultado de violaciones o coerción sexual. (UNFPA, “State of World Population 2020”). En América Latina y el Caribe, se estima que entre el 10% y el 20% de los embarazos adolescentes son consecuencia de violaciones. Sin embargo, por leyes restrictivas sobre el aborto, lo que obliga a muchas jóvenes a buscar procedimientos inseguros. (Fuente: Guttmacher Institute), entre otros.
Respecto a la razón de la presente columna, las consecuencias psicológicas, mencionamos el estudio publicado en “The Lancet Psychiatry” que señala que las sobrevivientes de violencia sexual tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar trastornos mentales, incluyendo depresión y trastorno por estrés postraumático, traumas psicológicos, problemas de salud física y, en muchos casos, embarazos no deseados. La violación no solo es un crimen; es un acto que destruye vidas y para complicar la situación, se señala que más del 70% de las mujeres que han sufrido violencia no buscan ayuda debido al estigma social y al miedo a ser juzgadas o no ser creídas.
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A nivel mundial, cuando una niña queda embarazada como resultado de una violación, se enfrenta a una serie de decisiones difíciles. Las leyes sobre el aborto son restrictivas e incluso criminalizan a las mujeres que buscan interrumpir un embarazo no deseado. En algunos lugares, existen excepciones legales para abortos en casos de violación o incesto; sin embargo, estas leyes a menudo están rodeadas de estigmas sociales y barreras burocráticas que dificultan su acceso. Además, muchas veces se requiere que las víctimas presenten pruebas o denuncias formales antes de poder acceder a servicios seguros.
Desde una perspectiva legal y de derechos humanos, es fundamental reconocer que obligar a una niña a continuar con un embarazo resultante de una violación es una forma adicional de violencia. Las convenciones internacionales sobre derechos humanos abogan por el derecho a la salud y la autonomía corporal, lo que incluye el acceso al aborto seguro y legal.
Los sistemas legales deben evolucionar para proteger a las víctimas en situaciones de violencia sexual, especialmente cuando se trata de menores. Esto implica no solo la creación de leyes más inclusivas y comprensivas, sino también la implementación efectiva de políticas que garanticen el acceso a servicios de salud reproductiva y apoyo psicológico.
La lucha contra la violencia sexual y por los derechos reproductivos no puede ser llevada adelante por un solo sector; requiere un esfuerzo conjunto entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la salud, educadores y la sociedad civil. Es fundamental crear conciencia sobre este problema social y abogar por cambios significativos en las políticas públicas.
En este contexto, la cuestión del aborto se convierte en un tema crucial. Obligar a una niña a llevar a término un embarazo resultante de una violación no solo perpetúa el trauma inicial, sino que también añade una capa adicional de sufrimiento. Es fundamental reconocer que cada día que pasa sin reformas legales adecuadas es un día más en el que estamos fallando a nuestras niñas. Las leyes deben evolucionar para reflejar la realidad de sus vidas y ofrecerles la protección y el apoyo que merecen.
Estimado lector, es hora de que como sociedad nos levantemos y exijamos cambios significativos. Debemos abogar por leyes que prioricen el bienestar de las víctimas, garantizando su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. No podemos permitir que el miedo al estigma o la culpa silencien sus voces. Cada niña merece ser escuchada, protegida y apoyada en su camino hacia la sanación.
Doctor en la Facultad de medicina, en el área de ciencias de la salud con especialidad en salud mental en el trabajo. Consultor y conferencista en transformación organizacional – humano, en diversas empresas privadas y públicas.
Docente en los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, especialidad y diplomado, en las carreras de: Psicología, administración, educación, mercadotecnia, alta dirección y desarrollo humano.
Especialista invitado en programas radiofónicos, publicaciones en periódico, revistas impresas/ electrónicas, redes sociales, plataformas y televisión con temas del comportamiento humano.
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