Leyes en materia alimentaria, tema de derechos humanos, afirma la presidenta del Senado

Explicó, tiene el propósito de proteger, respetar y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y los otros que de éste emanan, como el derecho a la salud.

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, enfatizó que establecer leyes en materia alimentaria no es un capricho ni una moda, sino un tema de derechos humanos, ya que sólo así se podrá materializar el derecho a la alimentación, cuya falta de acceso calificó como la “desigualdad más brutal” que existe en el mundo.

Durante la presentación de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria de Todas y Todos, celebrada en Madrid, España, la legisladora subrayó que, para asegurar esto también se debe promover en las agendas la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad, y el respaldo a los pueblos indígenas y comunidades rurales.

No obstante, la senadora advirtió que vivimos “tiempos más convulsos” que harán muy difícil que se alcancen las metas de la Agenda 2030 de la ONU, por problemáticas como el cambio climático que, consideró, ya no es algo que se pueda combatir, sino algo a lo que se debe adaptar para garantizar agua, alimentos y el control de la inflación.

Esto, refirió, ha hecho que los integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que conforman esta alianza, hayan puesto en su agenda al cambio climático como prioridad de seguridad nacional, para refrendar o modificar su modelo civilizatorio.

De igual manera, Ana Lilia Rivera reconoció que los parlamentarios han apostado por un enfoque sistémico, territorial y centrado en las personas, pues coinciden en que la seguridad alimentaria no es solo un problema de falta de alimentos, sino de desigualdad en su distribución, desperdicio y acceso a recursos para producirlos de forma sostenible.

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Por tanto, refirió que los integrantes de la alianza se han propuesto a colaborar en múltiples frentes, desde la promoción de la legislación y las políticas públicas inclusivas, hasta el fenómeno de tecnologías agrícolas avanzadas y la reducción del desperdicio alimentario.

En ese sentido, expuso que en 2011 se reconoció en la Constitución Política de México el derecho a la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, lo que impuso al Estado la obligación de consolidar ese derecho, y con lo que el Congreso de la Unión avaló hace poco la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.

Esa norma, explicó, tiene el propósito de proteger, respetar y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación y los otros que de éste emanan, como el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua, el interés superior de la niñez y el enfoque de género.

Ana Lilia Rivera celebró que, con la Ley, también se aseguró que el 15 por ciento de la producción de medianos y pequeños productores sea adquirido por las empresas que se dediquen a la compra y distribución de alimentos en el país, además de que se asegura que los presupuestos dispersos en otras leyes se concentren en la misma meta de que todos los mexicanos tengan un plato de comida en sus mesas.

Al concluir su participación, la senadora hizo un llamado a sus homólogos parlamentarios para que sigan haciendo el trabajo que les corresponde “con seriedad”, para evitar males que se han propagado en la ciudadanía, como la obesidad, la diabetes o la hipertensión.