El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, afirmó que hoy es un momento histórico en el que los órganos judiciales deben abrirse a la población para legitimar su función, incrementar la confianza entre la gente, pero sobre todo posicionar al justiciable en el centro de la actividad jurisdiccional, al firmar un convenio de colaboración con la Procuraduría Fiscal de la Federación en materia de justicia abierta, acto atestiguado por los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Jesús de la Fuente Rodríguez y Óscar Rosado Jiménez, respectivamente.
El convenio firmado prevé la orientación, capacitación y promoción de los mecanismos alternos de solución de controversias entre las instituciones de crédito y sus usuarios; la generación de mejores canales de comunicación, democráticos, transparentes y restaurativos, entre los juzgados, los usuarios de los servicios financieros y las áreas jurídicas de los bancos, entre otros rubros.
En este sentido, el procurador fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla, aseguró que ambas instancias coadyuvarán en la solución de conflictos entre instituciones financieras y sus usuarios, en un acto en el que se destacó que este año la Condusef habrá de atender a unas 200 mil personas, de las cuales 130 mil tienen problemas con bancos.
En la sede de la CNBV, entidad que regula a cinco mil instituciones que componen el sistema financiero mexicano, el magistrado Guerra, quien también preside la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) subrayó su disposición para que el convenio signado se extienda a todos los poderes judiciales locales del país.
A su vez, Medina Padilla afirmó que hoy el PJCDMX y la procuraduría que encabeza, y con la participación activa de la CNBV y de la Condusef, se unen para instrumentar, mediante el convenio, prácticas de justicia abierta que contribuyan a dar un enfoque social a la solución de conflictos con respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas.
Asimismo, puntualizó la importancia de que, al poner al ciudadano en el centro de la actividad jurisdiccional, éste, asimismo, tome un papel activo y fundamental para que con su colaboración y participación se convierta en factor importante en la solución de sus conflictos.
“Con la celebración del presente convenio, el Poder Judicial de la Ciudad de México pretende erguirse como un referente nacional en los nuevos desafíos de los gobiernos democráticos, en donde el sistema de impartición de justicia abierta garantice esquemas de participación que permitan generar confianza entre el justiciable, a través de una mayor proximidad, comunicación y retroalimentación con las personas juzgadoras”, precisó.
En tanto, Medina Padilla también destacó la importancia de promover, mediante el convenio, la orientación y capacitación en temas financieros para elevar el nivel de vida de la población; por ello, abundó, es importante que ante las controversias que las personas sostienen con las instituciones bancarias, resulta de relevancia conocer las problemáticas que se presentan, para ayudar en temas especializados y generar una retroalimentación entre las autoridades involucradas en su solución.
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Por su parte, de la Fuente Rodríguez recordó que el convenio permitirá la colaborar en la orientación, capacitación y promoción de los mecanismos necesarios para que las instituciones de crédito, a través de sus áreas jurídicas, hagan uso de medios electrónicos y juicios en línea, como referente y ejemplo a otros usuarios de los servicios de justicia, bajo la premisa de resolver cualquier conflicto de la mano de las personas usuarias, preferentemente a través de medios alternativos.
A su vez, Rosado Jiménez advirtió que hay una “terrible asimetría” entre un usuario de los servicios financieros y la institución que se los presta, por lo que alertó sobre la importancia de la prevención para que las personas se alleguen información sobre lo que contrata mediante el mecanismo “revisa, compara y decide”, ya que esto lo empodera.
Asimismo, el convenio establece la implementación de las tecnologías de la información en el trámite de procedimientos jurisdiccionales, garantizando mayor accesibilidad y prontitud en los juicios de los usuarios de los servicios financieros e instituciones de crédito, entre otros ámbitos.
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