Manifestantes que exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa lanzaron petardos y provocaron incendios este viernes frente a un cuartel del Ejército Mexicano en Iguala, Guerrero, a pocas semanas de cumplirse 10 años de los hechos que siguen impunes.
La protesta, encabezada por los padres de los jóvenes desaparecidos y estudiantes, se llevó a cabo en el Batallón 27 de Infantería, señalado por su presunta participación en la desaparición de los normalistas. Durante el mitin, los manifestantes encapuchados intentaron derribar una puerta del cuartel, mientras denunciaban el rol de las Fuerzas Armadas en los sucesos de 2014.
En medio de la tensión, los manifestantes incendiaron vehículos frente al cuartel. En respuesta, los militares utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los activistas, en un enfrentamiento que duró menos de media hora y que no dejó víctimas oficiales.
Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, mientras los soldados retiraban los restos de los petardos lanzados.
Los manifestantes, junto a las familias de los desaparecidos, advirtieron que intensificarán sus protestas conforme se acerque el 26 de septiembre, fecha que marca el décimo aniversario de la desaparición forzada.
Esta conmemoración coincide con los últimos días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien los manifestantes acusan de encubrir al Ejército y de no resolver el caso.
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“Así pasen los años, llueva o truene, aquí vamos a estar exigiéndole al Gobierno que necesitamos a esos camaradas, esos camaradas que simplemente venían por un sueño”, expresó uno de los manifestantes encapuchados durante la protesta.
El presidente López Obrador ha sido criticado por contradicciones en torno al caso, especialmente después de que la Comisión de la Verdad, creada por su propio Gobierno, concluyó en 2022 que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado”.
Esta versión incluye la participación de autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, pero ha sido rechazada por el propio mandatario.
Los activistas señalaron que la respuesta de López Obrador recuerda a la del expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno intentó cerrar el caso con la llamada “verdad histórica”, que culpaba a policías corruptos de haber entregado a los estudiantes a un cartel criminal.
“Parece que al Gobierno no le importan esos estudiantes, que ya son casi 10 años de esa desaparición forzada”, agregó otro manifestante.
Las organizaciones sociales y los padres de los desaparecidos han anunciado que las movilizaciones continuarán hasta las vísperas del 1 de octubre, fecha en la que asumirá la presidencia Claudia Sheinbaum, quien ha prometido dar seguimiento a las investigaciones del caso.
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