El titular de la Jefatura de Gobierno capitalina, Martí Batres Guadarrama, informó que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta, titular de la Sala 1 de Oralidad en el Reclusorio Sur, por delitos contra la administración de la justicia cometidos por servidores públicos, derivado de su participación en la liberación de Fabián Osvaldo Alanís Vieyra, alias “El Cachorro”, presunto generador de violencia buscado desde agosto de 2023 como parte del Programa de Recompensas, por una suma de 3 millones de pesos.
“El pasado mes de febrero se refrendó el Programa de Recompensas y se amplió a otras personas más, pero se refrendó que Fabián Osvaldo ‘N’ era uno de los cinco generadores de violencia más peligrosos de la Ciudad de México, a pesar de ello, el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta decidió liberar a esta persona. (…) Nosotros nos preguntamos: ¿cuál es el papel del Poder Judicial? ¿Qué no debe estar a favor de la justicia? (…) Estos hechos son gravísimos y el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta pone en peligro a la ciudadanía, a los habitantes de la Ciudad de México, porque esta persona, Fabián Osvaldo, está siendo investigada por delitos de desaparición de personas, hay una sólida investigación en su contra”, señaló.
El mandatario capitalino recordó que Fabián “N” fue detenido y llevado al juzgado junto con su padre, quien fue liberado por la puerta principal del Reclusorio Sur, mientras que “El Cachorro” salió por la puerta trasera para evadir su detención por la Fiscalía General de Justicia local.
“Las diversas instituciones del Gobierno de la Ciudad van a cuidar las pruebas que se presentarán ante las autoridades que tomen este caso, con el objeto de que no sean nulificadas. (…) La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo esperaba a la salida para hacer efectiva una orden de aprehensión por delitos de desaparición forzada debido a una sólida investigación que se tiene al respecto, no obstante, esto no sucedió, porque a diferencia de su padre que salió por esa puerta, él salió por un lugar diferente, no salió por la puerta principal del juzgado, fue auxiliado de alguna manera para salir por otro lado”, añadió.
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que Fabián “N” se desempeñaba como líder de la célula delictiva “La Ronda 88”, vinculada con actos de narcomenudeo y homicidio, por lo que se trabaja para su localización y reaprehensión.
“La Secretaría de Seguridad Ciudadana está trabajando en colaboración con la Policía de Investigación y la Fiscalía General de Justicia para aportar todos los elementos de prueba en torno a la posible evasión de forma irregular o facilitada. Pero también, ya en lo que toca a la investigación y seguimiento para la aprehensión, en este caso reaprehensión de las dos personas presuntas responsables de diversos delitos y, de manera señalada, de Fabián ‘N’”, apuntó.
Por su parte, el coordinador general de Investigación Territorial en ejercicio de la suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, recordó que Fabián Osvaldo “N” fue hallado durante un cateo realizado por la Secretaría de Marina (SEMAR) para posteriormente ser liberado.
“Se le ofrecieron facilidades como cambiarle ropa, como prestarle materiales, buscar la forma de que pudiera retirarse rápidamente del lugar y tenemos hoy un seguimiento puntual a todo ello. (…) Tenemos elementos suficientes para poder señalar claramente que hubo auxilio, que hubo quienes participaron para facilitar la salida de esta persona por la parte de atrás para no enfrentar a nuestro personal en la parte frontal del Tribunal y que eso finalmente deberá ser sancionado. En ese sentido, estamos nosotros también colaborando, le estamos solicitando la intervención a la Fiscalía General de la República para que conozca de todos estos elementos y también pueda coparticipar”, indicó.
En tanto, el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, comentó que las probables sanciones por el delito contra la administración de la justicia cometido por servidores públicos, establecidas en el Artículo 225 del Código Penal Federal, van de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días de multa y la sustracción del imputado de la acción de la justicia.
“Estamos en coordinación con las autoridades federales que tienen la competencia para presentar una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que también se presumen irregularidades por parte de este juez de control, cometidas en el ámbito del Poder Judicial Federal”, agregó.
Finalmente, el jefe general de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, Francisco Almazán Barocio, explicó que se trabaja en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia y la SEMAR para su búsqueda en todo el país, además de la emisión de una alerta migratoria.
“Aún no tiene ficha roja de INTERPOL, ese es un trámite que en su momento tendremos que gestionar con la Oficina Central de INTERPOL México, pero estamos en comunicación y tiene ya alerta migratoria también”, concluyó.
Más historias
Romo pide 5% de vacantes en CDMX para personas con discapacidad
IECM, pionero en el uso de mecanismos de votación electrónica en el país
Publican 3,396 vacantes en el Periódico Ofertas de Empleo de la CDMX