El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El funcionario reconoció que el grupo criminal Guerreros Unidos, principal señalado por la desaparición de los 43 según la verdad histórica, operaba en el estado de Guerrero con vínculos con las corporaciones responsables de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región.
Como incluso la DEA pudo corroborar por medio de intervenciones de vías de comunicación que realizó la agencia estadounidense.
“Cada una de las afirmaciones que se presentan, tienen su fuente para que no quede duda sobre su contenido, y toda la información que se presenta es judicializable y está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR)”, añadió Encinas.
Esta presentación se produce después de que los padres de los estudiantes se negaran a recibir el informe de la Presidencia durante la semana anterior.
Los padres de los estudiantes desaparecidos argumentaron que no se habían entregado algunos documentos relacionados con el Ejército.
De acuerdo con el informe, militares y policías federales vendían armas y munición a Guerreros Unidos.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la divulgación de los documentos, grabaciones y relatoría sobre el caso, que inicialmente estaban destinados a ser entregados a los familiares.
Finalmente, el informe concluyó tres hipótesis sobre el motivo de la desaparición de los normalistas los cuales, anotó Encinas, podrían no ser excluyentes entre sí.
En un primer instante, una confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos”, u grupo contrario, entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.
Segundo, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
Y, en tercer lugar, el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados por los normalistas.
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