En un contundente despliegue de inteligencia y coordinación, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México llevó a cabo la “Operación Enjambre” en el Estado de México, logrando la detención de siete funcionarios, entre ellos presidentes municipales y directores de Seguridad Pública, señalados por presuntos vínculos con grupos delictivos.
El operativo, resultado de un trabajo minucioso de investigación, fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Delitos graves y objetivos claros
Las órdenes de aprehensión, libradas por un juez tras el análisis de pruebas contundentes, implican a funcionarios de los municipios de Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán. Los delitos que se les imputan incluyen extorsión, secuestro exprés y homicidio.
La operación desplegó una fuerza de tarea en varios puntos estratégicos de la entidad mexiquense con el objetivo de desmantelar redes municipales que brindaban apoyo logístico y operativo a organizaciones criminales.
Procedimientos apegados a la ley
Tras las detenciones, los implicados fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados al Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones.
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Compromiso por la seguridad nacional
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron su disposición de colaborar estrechamente con los gobiernos estatales en la identificación y captura de objetivos prioritarios, como parte del compromiso por garantizar la paz y el bienestar de la ciudadanía.
El éxito de “Operación Enjambre” subraya la importancia de una estrategia integral y coordinada en la lucha contra la delincuencia organizada, así como la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública en México. La investigación continúa en curso, y las autoridades se mantienen firmes en su misión de desarticular redes delictivas que atentan contra la estabilidad del país.
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