Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 por parte de la Cámara de Diputados, el cual tendrá un “techo” de 8.3 billones de pesos, destaca el recorte de 6 mil 437 millones de pesos a organismos autónomos, entre los cuales se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE).
Hay que señalar que el gasto gubernamental no ha dejado de crecer. El presupuesto federal pasó de 5.8 billones de pesos en 2019, a 7.1 billones en 2022, además de que existen prioridades y gastos inevitables.
En estos rubros, se maneja el gasto no programable, aquel que se destina al cumplimiento de obligaciones, como pagos pendientes de ciclos anteriores, gastos destinados a cubrir comisiones e intereses de la deuda pública.
Para el 2022, este tipo de gastos ocupa el 26 por ciento de todo el presupuesto. Es decir, casi 2 de cada 10 pesos, se van a pensiones y hay mayores recursos comprometidos para el pago de la deuda pública, la cual aumentó 6.7 por ciento, respecto al año anterior.
Sobre las prioridades en este gobierno, los datos oficiales muestran que los recursos fiscales se van a Pemex y a CFE. Buena parte de los recursos públicos se destina para cubrir pensiones, prestaciones y deuda de las empresas públicas. Por quinto año consecutivo (2018-2022) la CFE registró una pérdida neta en el primer semestre del año.
Tuvo un rendimiento neto de -47.6 millones de pesos, de acuerdo con el último estado financiero consolidado. En el caso de Petróleos Mexicanos, a junio de 2022, el saldo total de la deuda financiera bruta de Pemex fue de 2.16 billones de pesos, de los cuáles deberá pagar el 19.5 por ciento para junio de 2023.
Para el ejercicio del presupuesto correspondiente a 2023, la administración actual, como desde su inicio en 2018, ha tenido que ajustar a la baja diversos programas en cuanto a valores económicos, priorizando sus proyectos estelares bajo el argumento de la austeridad.
En ese sentido, en este periodo han desaparecido todo tipo de fideicomisos, sobre todo los que correspondían al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se redujo sistemáticamente los presupuestos de Salud, Educación, alimentación; es decir, de Agricultura, y dio “manga ancha” a la corrupción de la empresa “Seguridad Alimentaria Mexicana”, la cual muestra un saqueo en contra del sector productivo campesino, que asciende a 12 mil millones de pesos, de acuerdo con evaluación de la Auditoría Superior de la Federación.
Por otra parte, en la misma tónica del ciclo de 2022, para el ejercicio del presupuesto federal de 2023, por segundo año consecutivo, el INE vio reducido su presupuesto.
De los 6 mil 437 millones de pesos que la Comisión de Presupuesto propone recortar recursos presupuestales a los órganos autónomos para 2023, el más castigado es el INE, con 4 mil 476 millones de pesos. Con el recorte al INE, su presupuesto pasaría de 24 mil 696 millones de pesos, ejercidos en 2022, a 20 mil 221 millones para 2023.
Los diputados que integran la Comisión respectiva propusieron esas reducciones, a fin de aumentar los recursos al sistema de pensiones a cargo de la Secretaría de Bienestar. El proyecto de dictamen se distribuyó, de manera apresurada, el domingo 6 de noviembre a los diputados. Se sometió a discusión y votación el lunes siguiente (8 de este mes), sin que se hayan atendido la mayoría de las peticiones de reasignaciones presupuestales para mejorar programas de educación, salud, desarrollo agropecuario, seguridad e infraestructura.
En la redistribución de recursos, todo se destina al gasto del gobierno federal. El Programa de Pensiones a Adultos Mayores recibirá un monto de 3 mil 841 millones de pesos extra, y las pensiones a Personas con Discapacidad, 2 mil 500 millones de pesos.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda, por conducto de un comunicado, dio a conocer que “no tocará los fondos de ahorro para el retiro que se ejercen fundamentalmente para indemnizar a los trabajadores que prestan sus servicios en el gobierno federal. Las reservas del IMSS e ISSSTE, Infonavit, los bonos de pensiones ni las acciones de las Siefores, con propósitos de triangulación de recursos hacia el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Hacienda puntualizó que los recursos de esos fondos no aplican para la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reformada el pasado viernes por los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados. (Solamente nos queda encomendarnos al Creador)
Al respecto, algunos diputados de oposición dejaron constancia pública, de que, al respecto, “la Ley es absolutamente ambigua”. “No se trata de un asunto de voluntad, cuando hay ambigüedad y la posibilidad jurídica de usar esos fondos para solventar los faltantes del presupuesto federal”.
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